Fisopatologia de la salud pubklica en Peru

Dr  Gustavo Rossel Dlmeyda

Muchas páginas de análisis se han dedicado a la Crisis de la Salud Pública en el Perú, con innegable valor académico, sin embargo, son escasos los espacios para que los gestores, aquellos que tienen que hacer frente a los problemas cotidianos y que tienen que tomar decisiones en condiciones generalmente desfavorables, puedan manifestar sus apreciaciones, contar su experiencias y proponer posibles soluciones en el corto y mediano plazo.
En el Perú, como en muchos países con similares características sociales, culturales y económicas impera la cultura de la improvisación y el fenómeno del péndulo, donde se alternan avances y retrocesos cíclicamente, acentuados durante los cambios de gobierno. En este contexto, los servicios de salud y el personal que labora en ellos, se ven afectados por una serie de marchas y contramarchas provenientes no sólo de los niveles superiores o estratégicos (entidades rectoras, normadoras y reguladoras) sino que también son originadas en los niveles intermedios e inferiores (niveles tácticos y operativos). Por lo tanto, el desconcierto, la inestabilidad y la falta de credibilidad son el común denominador con la que cualquier autoridad o gerente tendrá que lidiar durante su gestión. En términos médicos, estamos frente a una enfermedad crónica cuya fisiopatología se manifiesta como un “desgobierno generalizado”.
Esta falta de comando real y de directivas precisas condiciona a que cada actor asuma sus propias interpretaciones, generando islas de decisión y de acción. Por otro lado, la disrupción en la organización y gestión de los servicios de salud hace que el sistema sanitario sufra serias fracturas en la continuidad de los procesos de producción entre los diferentes niveles de complejidad, produciendo la fragmentación en los flujos de atención de las personas y la falta de integración de los procesos que se realizan en los servicios de salud, aún en los pertenecientes a una mismo establecimiento o red de servicios.
La situación actual del sistema de salud en general podría caracterizarse por: (1) Insuficiente número de trabajadores y limitadas competencias laborales; (2) Conflictos laborales continuos, (3)  Falta de un sistema de planificación orientado a los objetivos institucionales y de una cultura de planificación sanitaria sobre la “primacía” de la presupuestación; (4) Desarticulación entre los niveles de atención; (5) Inobservancia de la normatividad; (5) Deficiencias en la gestión de recursos; (6) Ausencia de mecanismos de monitoreo, vigilancia y evaluación de la gestión sanitaria; (7) Falta de oportunidad y transparencia en las adquisiciones y contrataciones, entre otros. Por otro lado, los establecimientos de salud, sobre todo los hospitales,  tienen serias deficiencias en infraestructura, equipamiento, funcionamiento, abastecimiento de medicamentos e insumos y limitada capacidad resolutiva para atender satisfactoriamente la demanda.
Una mención especial corresponde a los asuntos pendientes de la lucha contra la corrupción, proliferación de unidades ejecutoras sin contar con el número de personal ni con las competencias para poder atender las demandas, con el añadido de un sistema de control previo deficiente que incrementa los sobrecostos y mantiene permisibilidad contra la corrupción. Las OCIS está más preocupadas de mostrar estadísticas de funcionarios sancionados, muchos de ellos por no seguir sus recomendaciones, mientras que los verdaderos infractores (que cuentan con los recursos mal habidos para quedar exculpados) siguen operando impunemente. Esto hace que los profesionales capaces y honestos prefirieran eximirse de trabajar en el sector púbico que representa: “más trabajo, “más problemas”, “menos respeto a su dignidad” y “menos salario”. Sin embargo, queda un remanente importante de profesionales que a pesar de las dificultades persisten en su vocación de servicio.
El efecto de la descentralización sobre el sistema de salud, a nuestro entender, no ha tenido un saldo positivo. El proceso de descentralización (Ley N° 27783-2002), presumía un avance sustantivo en el acercamiento de la toma de decisiones y la gobernanza a los pobladores del interior del país; sin embargo, en el sector salud esto supuso más bien un distanciamiento entre el ente rector, los órganos intermedios y los servicios finales (niveles estratégico, táctico y operativo); con la consecuente pérdida del principio y ejercicio de la autoridad, aparición de múltiples modelos de gestión, detrimento de las competencias laborales, debilitamiento de la toma de decisiones y desgobierno institucional.

El conocimiento de la “fisiología organizacional” y el reconocimiento oportuno de sus alteraciones es clave para evitar complicaciones y poder recuperar rápidamente la salud corporativa. La dinámica de los procesos y sus consecuencias (productos) concomitantes exigen un monitoreo continuo e intervenciones oportunas para evitar alteraciones crónicas, cuya resolución es sumamente dificultosa, costosa y cuasi imposible de revertir sino es a través de medidas enérgicas y contundentes. Por lo tanto, la aplicación de acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación son perfectamente aplicables al comportamiento gerencial que se debe asumir en la conducción del sistema de salud.
A nuestro entender se requiere, a través de un liderazgo político, fortalecer el proceso de gerencia y planificación orientado a entender las necesidades de población y no, como hasta ahora, que obligar a la población a adecuarse a la oferta de servicios.
La ecuación (Personal competente + Procesos eficientes + Recursos suficientes) potenciada con el binomio (Transparencia + Compromiso), suele dar como resultado: servicios de calidad capaces de cumplir sus objetivos y satisfacer a sus beneficiarios