Foro Salud se reafirma en lograr un acceso universal, integral y digno a salud
Foro Salud considera necesario realizar un mejor análisis de los reales caminos para el goce del derecho a la salud de peruanos y peruanas, mediante el logro del acceso universal, integral y con dignidad a salud de calidad, y así contribuir a la construcción de la viabilidad para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales con el derecho a la salud y garantice su pleno ejercicio a toda nuestra población.
Como movimiento social, ForoSalud considera que el logro de la salud pasa por el abordaje de complejidades sociales de diversa índole, y no debe reducirse a una visión administrativa o economicista. Por eso es necesario rescatar el principio de solidaridad, que es la base de todo sistema de seguridad social, hacia el cual debemos transitar.
Nuestro marco de referencia para el análisis de la situación de la salud en el país es el enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género. Partiendo de estas tres perspectivas, ForoSalud se ha propuesto impulsar desde la acción política una reforma de la salud que promueva una gran movilización de los ciudadanos y las ciudadanas, para demandar a las autoridades políticas del país, en todos los niveles de gobierno, este derecho.
Una obligación básica del Estado peruano en el marco del derecho a la salud es “la utilización del máximo de recursos disponibles”. ForoSalud exige ello, ya que dicho esfuerzo no se está desarrollando en la medida de las posibilidades, incumpliéndose el Acuerdo de los Partidos Políticos en Salud[1][1], en el que éstos se comprometieron a que en el actual periodo de cinco años de gobierno alcanzaríamos cuando menos el promedio latinoamericano de gasto en salud en relación al PBI. En lo que va del lustro éste se ha elevado apenas de 4.7% al 5% del PBI, evidenciando una vez más que el financiamiento sostenible es una de las principales debilidades del sistema de salud peruano.
Resulta difícil encontrar una justificación suficiente y lógica para este retraso, ya que vivimos en un país clasificado como de ingresos medios altos, que ha duplicado su PBI en los últimos años. Lo que no ha existido es voluntad de nuestros gobernantes para desarrollar políticas sanitarias destinadas a eliminar las brechas, a mejorar el sistema de salud y así contribuir a la calidad de vida de peruanos y peruanas.
La explicación que da el Ministro de Salud frente a este incumplimiento es que el plazo para llegar al promedio latinoamericano corre a partir de la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Es poco serio plantear las cosas de esta manera, cuando lo real es que no se ha podido derrotar al interior del gabinete la tendencia que ve a la salud como un gasto; según este criterio no se requerirían claras políticas e inversión suficiente para disminuir las brechas existentes. En este entender, el acceso a la salud y la mejora de condiciones de desarrollo social vendrían por añadidura.
Esa visión resulta poco realista y equivocada en un país tan desigual como el Perú, que requiere hacer una profunda reforma tributaria que eleve la presión con el objetivo de que se logre un sistema de salud que no sólo se ocupe de la atención a la enfermedad, sino que se plantee acciones claras en el campo de la prevención y promoción de la salud, áreas claramente descuidadas en las políticas públicas de salud.
Es claro para ForoSalud que la Ley Marco de Aseguramiento Universal no significa el gran salto a favor de una reforma del sistema de salud; es un paso, que viene atravesando un campo minado al no resolver la fragmentación del sistema, no sostenerse en el principio de solidaridad y consagrar el acceso a sub sistemas prestacionales de salud en función de la capacidad económica de las personas, inflando aun más el gasto de bolsillo.
El AUS no ha logrado comprometer al conjunto del Estado en su aplicación, enfrentando una serie de trabas en la asignación de los recursos y en su proceso de implementación. La promesa, al aprobar la Ley del AUS, fue que el Poder Ejecutivo destinaría 140 millones de soles adicionales el año 2009 para la implementación en las regiones y zonas piloto. Pero los 140 millones se convirtieron en 40 en octubre del 2009, y en nada a diciembre del mismo año. Se prometió que para el 2010 se implementaría el AUS en nueve regiones completas además de otros ámbitos piloto; para lograrlo se consideró 128 millones de soles en el presupuesto de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la crisis económica en la Unión Europea, motivó recortes en el presupuesto nacional, y uno de ellos fue justamente la reducción de dicho monto a 78 millones de soles. Producto de esta situación, persiste la falta de recursos que se traduce en un Seguro Integral de Salud desfinanciado, con bajo crecimiento en la asignación financiera, que pasaría de 280 millones de soles en 2006 a 570 millones de soles el 2011, cuando el número de afiliados se ha triplicado pasando de 4 millones en el 2006 a más de 13 millones el 2010, según cifras de la publicidad estatal: El Perú avanza.
En este contexto, señalar que el Aseguramiento Universal en Salud es la reforma en salud más importante de los últimos años resulta excesivo. Es una medida relevante, que busca abordar la barrera de acceso financiero a servicios esencialmente recuperativos de salud. Pero mediante este mecanismo, el Estado sigue priorizando la focalización en detrimento de la universalización del acceso, ya que sólo se obliga a brindar una lista de atenciones a los pobres y pobres extremos.
También resulta algo apresurado afirmar que existe un “modelo peruano de protección social en salud”. Ello implicaría que todos los actores políticos y políticos sanitarios del país están de acuerdo y avalan el AUS. Lo real es que no se ha dado un consenso en relación al AUS. Señalar que estamos frente al modelo peruano podría percibirse como una intención de hacer política sobre los hechos consumados. El modelo peruano de acceso universal a salud no está definido; el debate sobre ello demuestra que estamos en plena construcción de esa aspiración común.
La salud pública en crisis
El Estado, y el sector salud en particular, han direccionado la mayoría de sus capacidades en salud a la atención de la enfermedad, descuidando la promoción de una acción intersectorial para modificar positivamente los determinantes sociales que generan daños a la salud de las personas. En ese contexto, las atenciones todavía se brindan desde una limitada y en muchos casos precaria organización sanitaria, en la cual persisten las condiciones de exclusión, discriminación y la poca atención por parte del Estado a las poblaciones más pobres[2][2],[3][3],[4][4]. Ello se ve agudizado por las debilidades del proceso de descentralización, que ha generado episodios de descoordinación entre el MINSA y los gobiernos regionales, en los que cada uno busca atribuir al otro la responsabilidad de las situaciones graves de salud que se dan en las regiones.
Tampoco se ha logrado una intervención articulada de las distintas instituciones del sector público, provocando que la irresponsabilidad de otros sectores termine generando problemas que el sector salud debe afrontar con todas sus limitaciones. Estamos entonces frente a un Estado que concentra la responsabilidad de la salud sobre los hombros del sector salud, de sus profesionales y trabajadores, cuando nuestras obligaciones internacionales en derechos humanos, desarrolladas a través de la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que el derecho a la salud debe entenderse de manera integral, ligado a otros derechos como la libertad, alimentación adecuada, trabajo, educación, acceso a agua, medio ambiente sano, entre otros; todas estas acciones deben ser desarrolladas como políticas de Estado.
Desde la perspectiva de ForoSalud, la salud es un problema de Estado y debe comprometer a los distintos niveles de gobierno. Iniciativas importantes como el espacio de la Comisión Intergubernamental de Salud, escenario de coordinación entre las direcciones y gerencias regionales de salud y el nivel central del MINSA, consolidarían la toma de decisiones sobre la salud al ámbito del “sector salud”, dejando de lado la posibilidad de tomar decisiones políticas de gobierno que fortalezcan la capacidad de incidencia del sector en todos los niveles.
SIS: Órgano financiero no sostenible
Es cierto que el presupuesto del sector salud se ha incrementado en los últimos años, aunque no en la proporción necesaria para avanzar en el fortalecimiento de un real aseguramiento público. Esto no ha permitido que el Seguro Integral de Salud - SIS (el principal mecanismo financiero del AUS para las poblaciones pobres) cuente con un financiamiento sustantivamente mayor. No es casual que distintas regiones del país, vía sus Direcciones Regionales de Salud, mantengan una pugna de años por el reconocimiento y pago de las deudas generadas por las atenciones de afiliados al SIS, lo cual en muchos casos afecta directamente a los usuarios de los servicios, ya que, como está acreditado en diversos informes como el de la Defensoría del Pueblo sobre el SIS[5][5], los establecimientos discriminan a sus afiliados justamente porque los reembolsos llegan en promedio cuatro meses después de la atención brindada. Los retrasos también afectan al funcionamiento y administración de los propios establecimientos, que al no contar con los montos de los reembolsos, se empobrecen. Estos reembolsos no sólo se utilizan para cubrir los gastos variables, sino para pagar a personal sanitario, especialmente de las Asociaciones CLAS, que ante esa realidad queda impago por meses. Cifras más cifras menos, lo que queremos alertar es que el financiamiento del AUS en su componente de seguro subsidiado, de acuerdo a la “gráfica de sus operaciones”, es sumamente precario.
Cabe preguntarse asimismo en relación a un esquema de financiamiento todavía precario, por qué se optó por incorporar a Lima, que nunca estuvo planeada en el inicio del proceso. Parece obvia la relación de esta decisión con la coyuntura electoral y con la necesidad de tener algo que ofrecer en el último mensaje presidencial. A propósito, Margarita Petrera, Coordinadora del Observatorio de Salud – CIES, autora de las Cuentas Nacionales en Salud, señaló[6][6]: “En los últimos dos meses el aseguramiento universal en salud (AUS) ha transitando rápidamente desde una ley cuyo reglamento demorara un año y medio en ser promulgada y sin un incremento efectivo en su financiamiento, a un proceso político encabezado por el Presidente, cuyos pilotos han pasado de estar en etapa de implementación en zonas alejadas rurales, a la ciudad de Lima anunciada en el último discurso por Fiestas Patrias.”
Además, surge la necesidad de tomar en cuenta seriamente las lecciones aprendidas en otros países sobre el tránsito hacia un Fondo Único Público para el aseguramiento o protección social en salud, debido a la inconveniencia de diversificar la administración de fondos en aseguramiento. La ley de AUS y su reglamento autorizan la creación de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), en la lógica del aseguramiento producido en Colombia, que ha derivado en una constante confrontación entre el Estado financiador de los planes de salud subsidiados y las empresas aseguradoras, que cada año exigen incrementos de los costos de las atenciones. Además, la apertura poco regulada al mercado de seguros privados ha provocado la aparición de gran cantidad de seguros que ofrecen planes diferenciados, ahondando la inequidad, relativizando el derecho a la salud y limitando la integralidad de las atenciones requeridas.
En este mismo campo, existe la urgencia de incluir las atenciones a enfermedades catastróficas dentro de las coberturas sanitarias, por razones de equidad y solidaridad. A la fecha, una mínima parte de éstas atenciones se viene dando por ser consideradas como casos especiales en el SIS, con todas las limitaciones que ello significa. El Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), pese a tener cerca de nueve años de creación, se ha encontrado y se encuentra absolutamente desfinanciado y sin posibilidad de contar con los recursos necesarios para enfermedades catastróficas o crónicas, lo que exige que el Estado a través del MINSA deba brindar una respuesta seria a los ciudadanos y ciudadanas que lo requieren; el AUS no incluye la atención a estas enfermedades debido a su lógica de paquete de beneficios priorizados y no de integralidad de la atención.
Es particularmente preocupante que la Ley de financiamiento del FISSAL aprobada el 14 de diciembre del 2008, haya sido observada por el poder ejecutivo y archivada por el Congreso de la República dejando a miles de peruanos fuera de la protección de su salud, lo que se ve agravado con la no implementación del artículo 20 de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud que prevé el financiamiento de las enfermedades de alto costo a través del FISSAL.
IRCT y falta de integralidad: Los pacientes afectados por la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), siendo afiliados al SIS como casos especiales, no contaban con una cobertura integral para sus necesidades, quedando desfinanciada su atención en el mes de agosto de cada año, poniendo en riesgo sus propias vidas. Se trata de un caso emblemático que muestra la necesidad de contar con un fondo sostenible para enfermedades crónicas y catastróficas. La movilización y lucha emprendida por estas organizaciones y apoyada decididamente por ForoSalud, dio como resultado que el MINSA, pese a manifestarse inicialmente indiferente y contrario a tomar cualquier medida, vía la Resolución Ministerial 721/2010, haya ampliado de 5 a 10 UIT el financiamiento para estas atenciones. A pesar de ello, ciertos hospitales de Lima como el Hospital Cayetano Heredia, venían negando las atenciones debido a la implementación del AUS, ya que los contratos anteriores con el SIS habían vencido. El argumento fue que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) no considera en su lista de atenciones las diálisis ni las hemodiálisis, como sí lo consideraba el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS). Ahora que en Lima se aplicará el AUS con el PEAS, muchos ciudadanos vienen perdiendo - en la práctica - derechos adquiridos a atenciones de salud necesarias y urgentes. Frente a este tipo de situaciones ForoSalud se mantendrá vigilante y actuará en defensa de la vida de las personas que sean excluidas. |
Remedicalización del MINSA
El sistema de salud debe transitar hacia un modelo con énfasis mayor hacia la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales. Como afirma el Ministro de Salud: El sistema de establecimientos de salud contribuye en un 5% en la mejora de la situación de salud, el mayor impacto se da en los determinantes socioeconómicos, biológicos y estilos de vida de la población[7][7]. A pesar de ello, el AUS a través de su instrumento el PEAS, ofrece atenciones básicamente curativas y la promoción de la salud y prevención de riesgos a la salud siguen relegados. El AUS no ofrece una variación del paradigma hospitalocéntrico y biomédico, sino que lo refuerza, a pesar de que el camino para lograr una sociedad saludable pasa por acciones más integrales.
Producto de ello, es que la mayor inversión en salud de los últimos años, tanto en EsSalud cuanto en el MINSA, privilegia la infraestructura y descuida la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La mejora de las condiciones de salud pasa en mayor medida por temas ajenos a la atención de la enfermedad, pero el AUS privilegia justamente ello. El aumento del presupuesto del sector debe reorientarse para incidir en la promoción y la prevención, que en el AUS se han visto minimizadas.
Es bueno recordar que uno de los lineamientos de la actual gestión del MINSA, fue priorizar la atención primaria de la salud (APS), lo cual no se observa claramente en estos dos años de gestión. ¿O será que como en otras realidades la APS se convierte en un grupo de atenciones focalizadas para pobres y con ello se distorsiona su naturaleza, que en un principio aspiraba a la universalización real de las atenciones de salud? Esperamos que se retome el camino hacia una real APS diferente de las intervenciones sanitarias para pobres. Para ello, ForoSalud propone:
ü Incluir el financiamiento de la salud pública dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) o de otro mecanismo claramente establecido para ello; de manera tal que no se postergue la salud colectiva, ni se la separe o aísle de la responsabilidad de la red de servicios.
ü Evitar que a los servicios de salud se les oriente sólo hacia la atención de una cartera de prestaciones esencialmente individuales, lo cual puede contribuir a deteriorar más la salud pública.
Segmentación y fragmentación de la organización sanitaria nacional
El AUS mantiene y hasta profundiza la fragmentación de los prestadores sanitarios en el país, una de cuyas expresiones la constituye la vigencia y expansión de los denominados Hospitales de la Solidaridad. Si algún prestador de salud se ha expandido en el país en los últimos años, han sido los Hospitales de la Solidaridad - que no son hospitales y menos se manejan desde una lógica solidaria -. El MINSA no ha podido enfrentar esta distorsión a pesar de que según la Norma Técnica 021-Minsa/DGSP-V.1 – Categorías de Establecimientos del Sector Salud, los Hospitales de la Solidaridad funcionan como policlínicos y no como hospitales. Ello permite hechos como la inexistencia de historias clínicas en la mayoría de éstos, la precarización del trabajo profesional y técnico, o que estos establecimientos funcionen en contenedores industriales, en medio de la vía pública o mercados y hasta en inmuebles totalmente inadecuadas para un servicio sanitario. A pesar de todo ello, la población encuentra en estos establecimientos una atención especializada más oportuna, lo que debe llamar la atención a los demás prestadores para hacer lo posible en relación a la reducción del tiempo de espera.
De otro lado, se observa en todo el país la expansión de las cadenas de boticas, que hasta brindan consultas médicas en sus locales, lo que visibiliza nuevamente la incapacidad del MINSA para ejercer su rol rector y sancionador, que la ley le permite. Podemos sumar a ello la expansión de múltiples formas de supuestos seguros de salud, que ofertan desde clínicas hasta cooperativas, y que no han evidenciado coherencia para igualar a la población en su derecho a la salud frente a los operadores sanitarios. Esa expansión permite - por ejemplo - que las clínicas privadas que trabajan con las EPS, por el poder que éstas mantienen al ser sus financiadores principales, puedan decidir no actualizar los tarifarios médicos ni de medicamentos desde hace varios años[8][8], y que, en la práctica, trasladen dichos costos a los usuarios de sus servicios, profundizando así una distorsión frente a la que el MINSA no se da por enterado.
Este es un punto central en relación al AUS y a lo que debería ser un sistema de salud: la autoridad sanitaria nacional obra en relación al acceso a salud como si se tratara únicamente de regular el campo de los servicios del MINSA, cuando en realidad se trata de incorporar bajo su rectoría a todos los prestadores y financiadores de salud en el país. No es exacto que el mercado privado de la salud sea pequeño, y que por ello no necesite parámetros regulatorios sólidos. Si se tiene en cuenta que de la totalidad del gasto en salud en el país, el gasto de bolsillo alcanza al menos un tercio, así vaya un porcentaje de ese gasto al MINSA, es obvio que todo lo demás se destina a prestadores privados de salud sean clínicas, consultorios o cadenas de boticas. Seguir con un MINSA con capacidad limitada de conducir la política sanitaria en los establecimientos, es una puerta abierta a la precarización de las condiciones en las que se da la prestación de la salud. De ello surge la necesidad del fortalecimiento de la gobernanza para las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y la gestión para lograr un cambio hacia un sistema integrado que supere la segmentación.
Brecha de personal de salud: El MINSA viene aumentando la cantidad de personal de salud básicamente a través del SERUMS, pero ello no es suficiente para superar la brecha existente, por lo que se deberá tener especial atención a las demandas de los trabajadores profesionales y técnicos de los servicios de salud, tanto públicos como privados, que en muchas situaciones trabajan en condiciones precarias, sin derechos laborales y expuestos a problemas de salud relacionados con su labor. Urge una política nacional coherente de ampliación y de distribución adecuada del personal de salud en el marco del trabajo digno y en coherencia con el acceso universal a salud. |
Calidad en los servicios de salud
La implementación del AUS no está influyendo en la mejora de la calidad de los servicios de salud, lo que se demuestra con la persistencia de eventos adversos en los establecimientos públicos y privados de nuestro país, que a la fecha no tienen una salida legal inmediata. En ese sentido, se ha hecho común que cada cierto tiempo el debate sobre los eventos adversos en los servicios de salud y sobre las negligencias de los profesionales y técnicos de la salud, vuelva a tener protagonismo en la escena política y en los medios de comunicación.
A pesar de haberse aprobado en octubre de 2009, por unanimidad en el Congreso de la República la Ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, ésta aún no se ha reglamentado y existe cierto desdén por impulsar su aplicación. La norma en mención establece claramente la reparación inmediata al daño ocasionado en el servicio de salud público o privado, la posterior indemnización de ser el caso si se logra demostrar la responsabilidad personal o institucional, y la implementación de un sistema de protección de derechos en los servicios de salud. Estas medidas debieran incorporarse en paralelo al proceso de implementación del AUS.
ForoSalud viene impulsado por ello foros nacionales y regionales de consulta al reglamento de la ley 29414, habiendo conformado un grupo integrado por ForoSalud, ASPEC, Federación Médica Peruana y la Red Nacional de Pacientes, que elaborará una propuesta integral de aportes al reglamento, procurando se garantice el derecho a la reparación oportuna del daño causado, la indemnización justa de ser el caso, y el establecimiento de un sistema efectivo de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud.
Participación ciudadana en el proceso del AUS
El proceso de elaboración e implementación del AUS, se ha hecho alejado de la participación de la sociedad civil organizada. Tanto así que el Comité Técnico Implementador Nacional del AUS (CTIN), es una instancia conformada por prestadores y funcionarios del MINSA, EsSalud y otras organizaciones prestadoras; ese hecho pareciera una contradicción cuando todos reconocemos, al menos en el discurso, que un sistema de salud fundamentalmente se debe a los ciudadanos y a las ciudadanas. A pesar de ello, no se ha considerado la participación de la sociedad organizada en este espacio, o por ejemplo en la validación del PEAS con un real proceso participativo político sanitario. En relación a lo señalado, en ciertas regiones el Comité Técnico Implementador Regional (CTIR) del AUS, sí ha convocado a la sociedad civil organizada a participar de éste, pero por lo general ello no se ha dado en la medida de la necesidad de participación y dialogo horizontal entre Estado y sociedad civil.
La participación en salud debe convertirse en una práctica entre los responsables de la salud en el país. Sin embargo, la gestión ministerial actual ha dado la espalda a la participación ciudadana en salud en diversas formas, como al obstruir la modificación de la Ley del denominado Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS), pese a haber sido aprobada hasta en dos oportunidades por el Consejo Nacional de Salud. La citada modificación ampliaba la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los órganos deliberativos nacional y regional.
OMS Informe sobre la salud en el mundo 2008 – La atención primaria de la salud, más necesaria que nunca. Capítulo 2; Impulsar y mantener la cobertura universal. Los conocimientos sobre las desigualdades sanitarias sólo pueden traducirse en respuestas políticas si existe una demanda social organizada. La demanda por parte de las comunidades que soportan la carga de las inequidades existentes y de otros grupos interesados de la sociedad civil es uno de los motores más potentes de las reformas en pos de la cobertura universal y de los esfuerzos por llegar a los marginados y excluidos. |
Mirando hacia el futuro
ü ForoSalud se reafirma en la necesidad del impulso de una real reforma del Estado en Salud por el derecho a la salud para el ejercicio de las capacidades y libertades de nuestra población, y en la construcción de un sistema de salud que promueva sólidamente el acceso universal, integral y con dignidad a salud.
ü El actual AUS consolida un subsidio para pobres, lo que hace que el SIS no sea un seguro de salud. Este subsidio se sostiene sobre la base de paquetes de atenciones excluyentes que aparentemente generan derechos donde antes no los había, pero que en la práctica, según la experiencia de aseguramiento en distintos países, lo que hace es consolidar una salud para pobres y otra para no pobres.
ü El AUS para ser una herramienta real de ampliación de acceso a salud con derechos, debe inscribirse en una lógica pública, y no en una lógica híbrida en la que no se tiene en claro la capacidad del órgano rector para conducir el sistema de salud y evitar así que éste sea presa de diversos intereses.
ü Como la misma ley de AUS lo establece en su artículo 1, debemos inscribir este proceso en la búsqueda de una auténtica seguridad social. La seguridad social en salud no admite recortes sino una tendencia progresiva pero decidida hacia la universalización.
ü ForoSalud expresa su rechazo e indignación frente a las muertes injustas que ocurren en nuestro país como producto de la falta de interés de la clase política hacia la salud. No podemos aceptar que miles de peruanos y peruanas mueran de enfermedades que la ciencia ya superó o por condiciones inaceptables para la dignidad humana, pero que en nuestro país persisten por la falta de prioridad de nuestros gobernantes y por la indiferencia social.
ü La construcción de salud para todos y todas, requiere de un liderazgo comprometido que pueda también hacer frente al modelo de desarrollo vigente en nuestro país, que limita la asignación de recursos necesarios para la salud de las poblaciones más vulnerables y no impulsa las reformas reales que nuestra sociedad requiere.
ForoSalud estará al lado de todo ciudadano, institución, organización o funcionario público que apueste por consolidar el derecho a la salud de las peruanas y de los peruanos, sin ninguna distinción, priorizando la equidad social desde una lógica pública. Rescatamos la dimensión política y solidaria de la salud. Conformarnos con un AUS que consolida una salud para pobres y descuida la salud colectiva, es ir en contra de la historia. El futuro es promisorio, pero depende de hilvanarlo y construirlo sobre las reales necesidades del país y de nuestra gente.
Consejo Directivo Nacional - Foro de la Sociedad Civil en Salud
Noviembre de 2010
[1][1] Acuerdo de Partidos Políticos en Salud – Punto 5 en relación al financiamiento de la salud: Incrementaremos el financiamiento de la salud a lo largo de los próximos cinco años para el cumplimento de los objetivos sanitarios nacionales, con el ideal de acercarnos al promedio latinoamericano de participación en el porcentaje del PBI.
[2][2] Amnesty International (2006) Peru: poor and excluded women – Denial of the right to maternal and child health.
[3][3] Ministerio de Salud del Perú (2006). Carta de la Salud: Escuchando la Voz de la Población. Cruzada Nacional por los Derechos y Responsabilidades Ciudadanas en Salud. Oficina General de Comunicaciones – Programa Derechos en Salud
(CARE Perú).
[4][4] PHR USA (2007) Demoras Fatales: mortalidad maternal en el Perú. Un enfoque desde los derechos humanos para una maternidad.
[8][8] ¿Por qué cobran de más? Juan Carlos Cuadros Guedes. El Comercio, sábado 4 de Setiembre de 2010
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