Las comunidades RURALES tienen un desarrollo limitado resultante de la exclusión social progresiva y de la lenta inclusión en el desarrollo conjunto del país, a diferencia de las zonas urbanas, su perspectiva de desarrollo ha estado focalizada en la reducción de la pobreza, dotación de servicios básicos en el campo del saneamiento y la educación dejando de lado el componente de desarrollo humano, que incluye la capacidad de identificar, crear y aprovechar las oportunidades, la generación de nuevas habilidades y capacidades productivas que generen ingreso.
La familia sigue siendo el eje del desarrollo comunal siempre que alcance al conjunto de familias articuladas en sus intereses y necesidades compartidos; sin embargo esta premisa no se cumple, hay una hegemonía de lo individual sobre lo comunitario, por la formación, la cultura y las experiencias negativas de esfuerzos colectivos. La cultura de la sobrevivencia y el autoconsumo ha permeado su accionar, vivir para comer limita el emprendimiento y las posibilidades de asumir riesgos de nuevas formas de vivir.
Sólo los que cuentan con recursos (tierra, animales) arriesgan, generan emprendimientos y se ligan mejor con el mercado (están más cubiertos ante el riesgo). El relacionamiento entre pobladores se centra en relaciones familiares, sin embargo en las zonas rurales existen rezagos de acciones comunitarias como la minga y otras acciones, casi voluntarias, como son las “repúblicas” en donde hombres y mujeres contribuyen a mejorar caminos y carreteras. Pero la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas (sacar adelante a una familia) no es asumida como una responsabilidad social, menos pública, es entendida como una responsabilidad familiar y aún individual del padre y la madre de familia. Todos los programas sociales parten de este enfoque.
Participar en asambleas no es un indicador de una buena articulación familia con la comunidad, la relación debe ser de ida y vuelta la comunidad debe valorar y preocuparse por las familias y las familias contribuir al logro de visión u objetivos comunales comunes.
Así como el individualismo es hegemónico en las familias, en la cultura de las comunidades prevalece el pensamiento de “mi comunidad” como centro autónomo y tendré todo para mí y copiaré lo que otra comunidad tenga; la articulación se da en espacios festivos, competencias deportivas, paseos entre los colegios o escuelas, la cohesión también se da entre las familias vinculadas por lazos familiares, siempre hay un hermano o primo en la otra comunidad que podría servir como puente de relacionamiento; sin embargo, también hay conflictos determinados por los límites comunales, conflictos de tierras entre vecinos, derivados de la falta de delimitación de las comunidades o de conflictos entre familias.
Por lo general las organizaciones de base en las comunidades rurales funcionan desde una lógica asistencialista y alineadas en base a la oferta de los servicios públicos del Estado. Las comunidades en la lógica municipal son objetos con necesidades de servicios a las cuales hay que dotar, siendo el gobierno local la entidad del financiamiento, existen limitadas opciones de incorporar a las comunidad o su representantes a los espacios de gestión comunal, los CCL (comités de coordinación local) no están elegidos o no funcionan; las rendiciones de cuentas están alejadas de la realidad y el discurso encubre las prácticas. De otro lado, no hay ninguna oferta pública dirigida a mejorar las condiciones de la familia para atender sus necesidades básicas: empleo rentable que garantice el sostenimiento de una familia; vivienda digna y saludable; educación como herramienta para el desarrollo individual, familiar y colectivo; vida saludable de todos los miembros de la familia y acceso a servicios de salud en condiciones de atender con calidad la demanda de la población.
La oferta de los sectores sociales de servicios (especialmente de salud y educación) no responde a las necesidades y expectativas de la población de las comunidades. En la base de este problema se encuentra que desde estos sectores no se reconoce la importancia y necesidad de contar con espacios y canales de participación de la población organizada en la planificación del desarrollo local.
Existen experiencias en las cuales las organizaciones comunales van reconfigurando y ordenando sus demandas obligando a las instituciones del Estado a reordenar su oferta en base a las necesidades de la población a la que representan las organizaciones, contribuyendo de esta manera a la búsqueda de soluciones conjuntas a sus problemas desde su propia visión de futuro.
Los programas de desarrollo comunitario no son escasos en América Latina. Diversos programas han sido promovidos por los gobiernos, agencias de desarrollo, empresas, fundaciones y diferentes ONG. Muchos de ellos, sin embargo, han sido impulsados desde una perspectiva en la que la comunidad es relegada a ser receptora pasiva de los beneficios del programa y en la que el paternalismo y asistencialismo han marcado la pauta de las relaciones. Incluso, algunos han sido la fuente de relaciones clientelistas, tan extendidas en la región, en las que la comunidad queda al arbitrio de las ofertas de bienes y servicios de políticos que intercambian los “favores” por votos[1].
A diferencia de los proyectos en los que las comunidades son entendidas como receptoras de bienes y servicios, los proponentes del desarrollo de base se orientan al fortalecimiento de las capacidades de acción colectiva de las organizaciones de base como eje central de su estrategia. Estas capacidades de acción colectiva se relacionan con la posibilidad de los grupos de base de auto convocarse, definir colectivamente sus necesidades, identificar las alternativas de acción más viables para la superación de sus problemas, formular y ejecutar programas y proyectos, y evaluar sus logros y dificultades[2].
Alfonso E Nino
Hugo de La Cruz
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