Inclusión Social con plenos Derechos…

                                                                                                Por Jaime Cáceres V.[1]

“Las Personas de Edad deben ser participantes plenas en el proceso de desarrollo y compartir también los beneficios que reporte.”[2]

Para cambiar al mundo, es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es decir, la visión del mundo y  las operaciones prácticas, por las cuales los grupos son producidos y reproducidos. (P. Bourdieu 1988).[3]                                                                                             

 Dos hechos recientes en el contexto político del país son, la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, la promulgación del D.S. Nº 081-2011-PCM de creación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, los cuales concitan la atención de la opinión pública y de las organizaciones sociales involucradas con el impacto que a futuro producirán tales políticas.

Ambas medidas, muestran el desencuentro entre la lógica innovadora de la nueva política presente en el discurso pre y post electoral de las fuerzas políticas opuestas al alanismo, hoy en la función ejecutiva como  gobierno; y, la lógica conservadora del neoliberalismo representando el súper poder de la vieja política; a la vez que fuerza ideológica que inspira en lo fundamental prácticas autoritarias  y clientelistas en el ejercicio de la función pública. Constituyendo un factor que afecta negativamente el funcionamiento de las instituciones públicas, entre ellas las municipalidades, encargadas de promover la gobernabilidad del país y la implementación concertada de políticas sociales.

Alegar la situación de riesgo y vulnerabilidad social de peruanos afectados por el mal crónico de la pobreza extrema a través del D.S. Nº 081-2011-PCM como justificativo de una subvención, es no reconocerles la condición de damnificados vivientes de los modelos de ajuste estructural que afectaron al país desde los 80’ para adelante. Sin embargo, tomamos en cuenta los argumentos de la Ministra Carolina Trivelli cuando hace alusión a la condición de ciudadanos de plenos derechos de toda persona afectada por las secuelas de la pobreza.

Pero también es necesario referirse al otro grupo de peruanos[4] que conforman el casi 68 % de personas adultas mayores que hoy viven al margen de los sistemas previsionales y de pensiones vigentes en el país e integradas al grueso de población que debió reinventar sus proyectos de vida y recrear su propio mundo del trabajo; por que no de otro modo es posible explicar los milagros económicos surgidos desde ese amplísimo tejido social y productivo que dio sentido económico, financiero y comercial a esta franja de la economía nacional que constituye el capital humano que invoca dicho DS, agrupada actualmente bajo las siglas de MYPES.

El supuesto de la inclusión para “beneficiarios” peruanos de 65 años extremadamente pobres de dicho Programa Social muestra la carencia de una estrategia global, es decir de Políticas de Estado,

La “asistencia solidaria” sin el reconocimiento explícito al derecho,  es un subsidio que tiene como requisito indispensable: ¡¡¡ ser pobre extremo !!!; en otras palabras, “…ser de la mancha de los que sobran... el más excluido entre los excluidos”, si bien es cierto que se están dando pasos y muestras interesantes con la creación del nuevo Ministerio de Inclusión social, además con la designación de la ministra Carolina Trivelli con un discurso de reconocimiento de derechos, nos preguntamos ¿qué tan cierta es? la disposición de cambio para una inclusión real, que posibilidades para subsanar fallas estructurales en el modelo de desarrollo y el crecimiento productivo que ha afectado históricamente a la población en su capacidad de acumulación social y económica.

Los anuncios de políticas de empleo, que complementa nuestra reflexión,  nos coloca ante otro dilema. ¿Qué está ofreciendo el gobierno al ejército de “jóvenes emprendedores” como trabajo digno?, ¿Qué pasará en los próximos 30 años? cuando los jóvenes del programa “Jóvenes emprendedores” que ha dado inicio el Ministerio de Trabajo se acerquen al umbral de los 60 años y sufran de las mismas condiciones de quiénes hoy subsisten al desamparo social. ¿Habremos aprovechado realmente la oportunidad histórica del bono demográfico, que representan caso 20 millones de peruanos en edad de trabajar?.

La oferta de empleo juvenil que ofrece el gobierno, si bien coopta la atención y amplia movilización de este sector social, ávido de ser incluido a los programas sociales, es una medida parcial que no refleja el real significado de lo que anunció el Premier Salomón Lerner el pasado 25 de agosto cuando afirmó como orientación del gobierno su propósito de lograr “…un crecimiento productivo con inclusión social en democracia…”,…“…en el marco de un nuevo Modelo de Gestión Social.”.

Esta reflexión quedaría incompleta si no manifestamos expresamente nuestra preocupación por la ausencia de definiciones claras para trazar las directrices en materia de Políticas de Estado que avizore el futuro de nuestro país en los próximos 50 años, en una sociedad de ciudadanos con derechos para todas y todos.[5]

Entre ellos, la aprobación de una Política de Estado que vincule el impacto de la Transición Demográfica garantizando el Derecho Humano a la Seguridad Social, que asuma integralmente las demandas o condiciones básicas de vida de la población en todas las edades; de ese modo el envejecimiento de las personas no será un lastre, sino parte del Desarrollo Humano como propone Naciones Unidas.

                                                                        Lima, 24 de octubre del 2011

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[1]   Miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo Ayuda a la Vida – AYUVI y, del Foro de la Sociedad Civil en Salud - FOROSALUD.  [2]  Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid 2002 sobre El Envejecimiento. Recomendaciones para la adopción de medidas./ Orientación Prioritaria I: Las Personas Edad y el Desarrollo.  Pag. 13.

[3]   Bourdieu, Pierre, (1988), “Cosas Dichas”, Editorial Gedisa, Buenos Aires.    

[4]   La Ley  28803  define la condición de adulto/a mayor a toda persona a partir de los 60 años de edad.

[5]  La II Asamblea Mundial sobre El Envejecimiento de Madrid 2002 acordó fomentar prácticas inclusivas orientadas a construir una Sociedad para todas  las Edades. En este caso hemos parafraseado dicho término.