REFORMA DEL ESTADO EN SALUD UN IMPERATIVO ETICO Y MORAL DE LA INCLUSION SOCIAL

DECLARACIÓN POLITICA

V CONFERENCIA NACIONAL DE SALUD

REFORMA DEL ESTADO EN SALUD UN IMPERATIVO ETICO Y MORAL DE LA INCLUSION SOCIAL

Frente a un país tan diverso y desigual como es el Perú, las ciudadanas y los ciudadanos reunidos en la V Conferencia Nacional de Salud demandamos analizar nuestra realidad de salud desde los derechos humanos y comprometernos como sociedad con la justicia social.

Las sucesivas conferencias nacionales de salud han planteado la exigencia que la salud sea un derecho ejercido por todas y todos los peruanos. Sin embargo, a pesar que nuestro país ha firmado los diversos compromisos internacionales que protegen el derecho a la salud, así como los derechos humanos en general, a lo largo de las décadas la salud pública ha seguido relegada en la acción del Estado Peruano.

En el Perú, vivimos una situación paradójica: en la última década se ha dado el mayor crecimiento económico como país; han crecido los índices de exportación minera y el precio de los minerales se ha incrementado, en algunos casos, hasta en cuatro veces. Sin embargo, esto no se ha expresado en el gasto en salud, expresado como porcentaje del PBI, el cual sigue por debajo del 5%, siendo el promedio en América Latina superior al 7%. En esa misma contradicción se ubica la asignación de recursos públicos a la salud, que asciende a apenas el 1.6% del PBI, cuando en el resto de países de América Latina se asigna más del 3.5% en promedio. Las evidencias demuestran que ningún sistema de salud del mundo se sostiene sobre la base del gasto de bolsillo de los ciudadanos; en las economías más responsables, el mayor porcentaje de su financiamiento reposa en la asignación pública. Y además, resulta preocupante que el Estado Peruano en sus diferentes niveles de gobierno no demuestra hasta hoy una eficaz capacidad de ejecución de dicha limitada inversión.

A esta situación se añade la gran desigualdad e injusticia que existen en nuestra sociedad. Mientras en las zonas urbanas y las capitales regionales, los indicadores de muerte materna, muerte infantil, desnutrición crónica y esperanza de vida al nacer han mejorado, en las zonas rurales alto andinas y amazónicas éstos se acercan a aquellos de las sociedades más pobres del mundo. Estos problemas no sólo reflejan la falta de voluntad política e incapacidad técnica para resolverlos, sino   la desigualdad existente en el país y nuestra propia indiferencia. En el Perú, las personas enferman y mueren no sólo por enfermedades sino: también por el limitado acceso a servicios de salud de calidad, por vivir en condiciones no saludables y  por la indiferencia social.

Nuestro sistema de salud sigue siendo desfinanciado, discriminatorio, inequitativo, predominantemente recuperativo, fragmentado y con débil rectoría. Los servicios de cuidado y promoción de la salud son todavía negados a importantes colectivos de nuestra población, sea por razones económicas, geográficas, étnicas y culturales o son brindados con limitada oportunidad y calidad. La política de aseguramiento universal no ha demostrado eficacia para resolver las barreras de acceso de la población más pobre, pues se ha duplicado el número de afiliados al Seguro Integral de Salud sin haber modificado sustancialmente su presupuesto. El sistema de salud, además, vive de espaldas a la población, pues no existen espacios vinculantes de diálogo ni mecanismos eficaces de participación ciudadana. La disponibilidad, condiciones de trabajo y capacidad de respuesta del personal de salud a las necesidades de la población son todavía limitadas. El sistema de salud requiere de un cambio fundamental.

La planificación de nuestro futuro deberá tomar en cuenta el proceso de cambios en la estructura poblacional de nuestro país, siendo de gran trascendencia el acelerado envejecimiento de la población, que constituye un determinante social que impacta sobre la oferta de salud pública para personas adultas mayores por encima de los sesenta años de edad.

A ello se añade que existe un proceso acelerado de urbanización que condiciona cambios en el perfil epidemiológico, que se caracteriza por la coexistencia de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas.

Por ello, es que, nosotros, ciudadanos reunidos en esta V Conferencia Nacional de Salud, ratificamos nuestra demanda por un derecho a la salud garantizado para todos y todas, y exigimos que se implemente una Reforma del Estado en Salud, que garantice el Acceso Universal, Integral y Digno a la Salud. Es nuestra demanda al actual gobierno nacional, que ha enarbolado la inclusión social y la redistribución como elementos sustantivos de su propuesta política.

Las trece medidas urgentes a desarrollar en los distintos niveles de gobierno son:

a)   Respaldar la iniciativa ciudadana de “Reforma del Estado en Salud con garantía de acceso Universal, integral y digno” que se presentará al Congreso de la República. Instalar, a nivel del Poder Ejecutivo, una Comisión de Alto Nivel que diseñe la reforma, con plena participación ciudadana.

b)    Reglamentar, a través de mecanismos participativos, la Ley de Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, aprobada hace dos años, y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana de su cumplimiento en los servicios de salud.

c)    Instalar un Congreso Nacional de Salud que asuma la tarea de elaborar un Plan Nacional de Salud y cuyos mecanismos de conducción favorezcan una amplia participación ciudadana

d)    Garantizar recursos económicos para la atención integral de la salud, a fin de alcanzar un financiamiento público del 3.5% del PBI y un financiamiento total del 8% del PBI, mediante incrementos anuales del 0.5% del aporte público. De este modo se logre una cobertura integral y de calidad, en el marco de un nuevo modelo de atención que responda a las necesidades de la población, logrando el acceso universal, integral y digno a la salud.

e)    Construir mecanismos de sostenibilidad financiera, elevando la presión tributaria y organizando un fondo público, que garantice la protección financiera sobre la base del mayor aporte público y la solidaridad entre los ciudadanos. Extendiendo la seguridad social y reconociéndola como un derecho humano.

f)     Incorporar en las políticas públicas el enfoque de los Determinantes de la Salud, con el objetivo de eliminar las inequidades, reducir las condiciones que afectan el bienestar, a partir de políticas de Estado integrales que aborden la salud de manera transectorial y multidimensional, actuando sobre los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

g)    Impulsar nuevas estrategias, mecanismos de financiamiento y modelos de gestión sanitaria, para la prevención de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT), desarrollando estrategias orientadas a los cambios de estilos de vida y alimentación estableciendo impuestos al consumo de las gaseosas, comidas sobre-saturadas en grasas, consumo de tabaco, consumo de alcohol; que apoyen el financiamiento de la atención en el nivel primario de salud bajo un nuevo modelo de atención, basado en la familia, comunidad  e interculturalidad.

h)   Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en la conducción sanitaria en el marco de un diálogo democrático, articulando progresivamente el sistema prestacional, fortaleciendo el proceso de descentralización con la participación de todos los subsistemas en los espacios de definición de políticas regionales y locales, y asignando carácter vinculante a los espacios de concertación con mayor participación ciudadana.

i)     Garantizar el acceso a medicamentos de calidad, promoviendo la competencia y mecanismos que reduzcan los precios a niveles convenientes para los usuarios y sistemas de salud. Utilizar, cuando corresponda, todas las flexibilidades de los acuerdos comerciales relacionados con el acceso a medicamentos y rechazar otros mecanismos en acuerdos bilaterales o multilaterales que lo pongan en riesgo.

j)     Establecer indicadores de desempeño y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, en los niveles nacional, regional y local, para mejorar las acciones del Estado y el logro de bienestar ciudadano, alentando la meritocracia en los servidores públicos y combatiendo la corrupción.

k)    Asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores de salud, con condiciones de trabajo digno y competencias suficientes, que garanticen el respeto y mejor capacidad de respuesta a las necesidades de la población, considerando la diversidad cultural andina, amazónica y afro peruana, de género e intergeneracional.

l)     Promover la ejecución de nuevos modelos de gestión sanitaria, extendiendo las mejores prácticas identificadas en los diferentes ámbitos, y empleando modelos participativos y de toma de decisiones innovadores, con el concurso de los diferentes actores sociales, para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, adoptando los enfoques de derechos, igualdad de género, buen gobierno e interculturalidad de manera integral.

m)  Exigir la implementación de los planes nacionales de respuesta a las diferentes enfermedades transmisibles, que afectan a la población, brindándole la asignación presupuestal  y el uso eficaz de estos recursos en beneficio de la población.

                                              

                                           FOROSALUD - 19 de Noviembre de 2011