Con el sobreseimiento provisional del caso en la Audiencia Nacional, el juez Ruz ha desbaratado una polémica investigación que ha durado 9 años
Día 01/04/2012 - 03.15h
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Intervida se convirtió en un tiempo récord en la ONG privada más importante de España, con más de 350.000 padrinos, una recaudación anual de 90 millones de euros (sólo superada por Cruz Roja y Cáritas) y cinco millones de beneficiarios en veinte países. Pero todo se derrumba en 2007, cuando la titular del juzgado número 17 de Barcelona, Pilar Calvo, admitió a trámite una querella de la Fiscalía acusando a los fundadores de la ONG de una malversación de 200 millones de euros y decidió intervenir la fundación. La jueza se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y el caso fue a parar a Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado central número cinco.
Ha sido su sustituto, Pablo Ruz, el que ha destapado los agujeros de una investigación que se inició en 2003, plagada de puntos oscuros y que se tradujo en un daño irreparable para la ONG, sus beneficiarios y los imputados, entre ellos Eduardo Castellón y Rafael Puertas, los fundadores. Ruz ha decretado el archivo provisional al no encontrar indicios de delito, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía contra la Corrupción. Concluye que todas las actividades de Intervida tenían un fin social. Entonces, ¿qué hay detrás del «caso Intervida»?
El denunciante
Todo comienza con dos denuncias en Lima y Barcelona motivadas por Sebastián Juan, directivo de Intervida despedido por robar 300.000 dólares a la ONG en Perú. Huyó del país y fue condenado en rebeldía. Las autoridades peruanas concluyeron que todo estaba en orden y archivaron, pero la fiscal Carmen Martín vio indicios de delito. Tras varios años de una polémica investigación, la fiscal concluyó que los responsables de la ONG destinaban el dinero de los padrinos a una red de empresas con ánimo de lucro: constructoras, bancos, farmacéuticas y «colegios de élite». Según su criterio, la ONG recaudaba para malversar. La investigación ya se había filtrado a la prensa, lo que se tradujo en la baja de más de 100.000 padrinos.
Intervida tenía pocos amigos en el sector de la cooperación. Destacados representantes de ONG la condenaron públicamente antes incluso de presentarse la querella. A la fiscal solo llegaban malas referencias. Esta ONG funcionaba de forma muy diferente al resto: era independiente y no tenía vínculos políticos ni religiosos. No recibía subvenciones, sino que se nutría exclusivamente de las cuotas de sus padrinos. En solo unos años adelantó a la práctica totalidad del sector.
Otro modelo de ONG
Su modelo de cooperación fue rupturista. Normalmente, una ONG recauda dinero pero no ejecuta los proyectos, sino que firma un acuerdo con una ONG local, denominada contraparte. Le transfiere los fondos para que realice los trabajos y los justifique. Cuando Intervida echó a andar, en 1994, sus fundadores comprobaron las estafas sistemáticas y la pérdida de fondos que llevaba aparejado este sistema. Se han dado casos en los que una contraparte del país del Sur ejecuta un proyecto y se lo cobra a dos ONG de distintos países del Norte. También hay cientos de casos de estafas de contratistas locales e infraestructuras mal construidas.
Eduardo Castellón, que antes de fundar Intervida era un empresario de éxito, quiso cambiar este esquema. Su fundación trabajaría como una empresa. Si Telefónica quiere instalarse en Brasil no acude a una contraparte, sino que crea Telefónica Brasil. Así, Intervida creó estructuras filiales en los países donde se ejecutaban los proyectos. Además, como una de sus especialidades era la construcción de aulas (miles en Perú, Bolivia y Guatemala), era la propia ONG la que creaba la constructora y se encargaba de las obras. Lo mismo ocurría con las entidades de microcrédito o con las empresas que repartían los medicamentos. Todas las sociedades mercantiles eran cien por cien propiedad de Intervida.
Esto sentaba especialmente mal en el sector. A Intervida les llamaban despectivamente «los empresarios».
La acusación siempre ha reconocido que no faltaba ni un euro, pero sostenía que el dinero estaba en empresas, no en cooperación. Lo que ha demostrado el juez Pablo Ruz es algo sencillo de comprobar, que las constructoras iban a levantar viviendas sociales, no «casas de lujo», como decía la acusación. Nadie en su sano juicio haría lujosos pisos en el Rímac, en los suburbios de Lima. Distintas pruebas y testimonios, entre ellos las autoridades locales, han demostrado que todas las empresas tenían un fin social.
Cuando la jueza de Barcelona ordenó la intervención, en 2007, la socialista Montserrat Tura, entonces consejera de Justicia de la Generalitat, eligió tres administradores de corte político: Ángel Miret (de UGT), Maurici Romero (de la Intervención General de la Generalitat) y Didac Ramírez (actual rector de la Universidad de Barcelona), que fue sustituido por Alex Masllorens (diputado del PSC). Éstos, con el beneplácito del entonces juez Garzón, cortaron la financiación de los proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala, pero siguieron cobrando las cuotas a los padrinos, más de cien millones de euros que se acumulan en cuentas bancarias. Una madrina, Rosa Prades, lo descubrió. Se sintió estafada, amenazó con denunciar y le devolvieron tres años de cuotas, más de 600 euros. La ONG sigue intervenida porque el caso ha de cerrarlo el juzgado barcelonés en el que se inició. La Generalitat ha recurrido.
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