El gobierno viene afirmando que el aseguramiento universal es la garantía del derecho a la salud, y para ello está buscando ampliar el acceso en algunas de las regiones más pobres a través del SIS. Pero, ¿es el aseguramiento la ruta para universalizar el acceso a salud? A la luz de los diez últimos años, en que transitamos del seguro escolar al seguro materno infantil para derivar en el SIS, lo que se observa es una relativa ampliación del acceso, pero desde una lógica de paquetes de atenciones, que no enfrenta los nudos que hay que resolver para ir a una reforma que logre la universalización integral del acceso a salud.
En el aseguramiento es necesario demostrar ser pobre para acceder a un plan limitado, se generan diferencias en relación a la atención y trato que los usuarios reciben, generalmente produce discriminación en los servicios. Este enfoque consolida una organización sanitaria para pobres, otra para trabajadores formales, una para gente con suficientes recursos; mientras un quinto de peruanos sigue excluido del acceso a salud.
Contamos con una amalgama de prestadores que no guardan coherencia frente a las prioridades en salud. Por eso no es posible afirmar que en el Perú exista un sistema de salud, a lo mucho existen dos grandes prestadores autónomos uno del otro y varios otros menores.
En ese contexto la ampliación del acceso a salud para los más pobres vía el aseguramiento público, si bien puede ser un paliativo, no es una ruta cierta hacia la universalización del acceso a salud. Se requiere definiciones, para disenar un modelo de protección social que universalice el acceso a salud. El aseguramiento es parte de un constructo ideológico inscrito en la creencia de la imposibilidad de destinar a salud más recursos de los acostumbrados.
Más que optar entre un modelo estatista y otro privatista, lo necesario es consolidar una lógica pública para la salud. Esa lógica pública, puede hacer que perfectamente, como en otros países, coexistan y se trabaje con prestadores privados, pero desde la contribución de estos últimos a las necesidades de la salud pública, reguladas por el Estado y la ciudadanía.
Habiendo constatando que el acceso no se universalizará vía la formalización laboral, es oportuno discutir si se opta por ir hacia un financiamiento enteramente fiscal, que en paralelo implique la absorción de EsSalud por el MINSA, para luego el sistema conjugar con los prestadores privados.
El ejercicio del derecho a la salud supera al aseguramiento y requiere un financiamiento proporcionalmente superior al crecimiento del PBI. En un sistema de salud el Estado define y decide, los privados asumen las condiciones que la salud pública requiere. La lógica pública es la que puede garantizar los derechos para ejercer las libertades. El aseguramiento viene demostrando que se necesitarían varias generaciones para lograr el derecho a la salud.
Alexandro Saco
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