El negocio de los Medicamentos

Por Juan Francisco Rojas
Profesor PUCP
Actualidad Económica - La República

El precio excesivo de las medicinas en el Perú no es un dato para el asombro de los economistas serios. Es una situación de escándalo que pone en riesgo la salud de los peruanos más pobres. La increíble cantidad de farmacias en nuestro país se explica en la exorbitante utilidad que se obtiene lucrando insensiblemente con la salud de los peruanos.

El “mercado” de los medicamentos también fue parte de la liberalización extrema de los últimos veinte años. Sin embargo, los ideólogos no tuvieron en cuenta el dominio de los grandes y poderosos laboratorios y las grandes cadenas de venta. Tampoco tuvieron cuidado con los monopolios legales de las patentes de las llamadas medicinas “de marca” (20 años) y los datos de prueba (5 años adicionales, gracias al TLC con los EUA).

Mucho menos se tomó en consideración que el consumidor no elige el producto, sino que está sujeto a la influencia de un médico que, como parte de su independencia y objetividad, recibe periódicamente significativos regalos de los grandes laboratorios, como costosas vacaciones en el extranjero encubiertas como inofensivos “cursos de capacitación”.   

La mejor doctrina económica señala que todos los monopolios legales tienen que tener regulación de precios, pues no es posible la competencia. Sin embargo, en el “mercado” de las medicinas y pese a la existencia de monopolios legales, el regulador no existe.

Los resultados saltan a la vista: precios excesivos y el consumidor es el perdedor; pierde su salud, lo que es lo mismo que perder la vida ante la tiranía de monopolios disfrazados en un falso mercado. Es el olvido absoluto de un derecho fundamental, en un estado constitucional como el que se predica para nuestro Perú.

La delincuencia que falsifica medicinas, y la miseria del pueblo peruano necesitado de alguna esperanza ante la enfermedad, contribuyen a esta crónica de dolor. La informalidad, la delincuencia y la cultura del “haz lo que quieras” son también una manifestación de la ausencia del Estado y de regulación en ésta y otras actividades.

El presidente García prometió como candidato enfrentar la distorsión en el precio de las medicinas. Todo parece indicar que al final de su gobierno, el ministro Óscar Ugarte es el único funcionario valiente decidido a “ponerle el cascabel al gato”. Ha puesto en evidencia las distorsiones, ha llamado la atención sobre las ganancias excesivas, ha exigido publicidad de los precios en las farmacias, ha lanzado la posibilidad de que el Estado fabrique y comercialice genéricos, ha reforzado la capacidad técnica de DIGEMID y ha exigido que se obligue a recetar genéricos. En otras palabras, se ha enfrentado al poder de los grandes laboratorios y farmacias.

Ya se orquestó una ofensiva en contra del ministro. Es el “rojito”, “estatista”, “intervencionista” y su salida se pide en los medios. En el gobierno le dan la espalda, INDECOPI defiende a las farmacias y faltando a la ley, sostiene que no existe obligación de las farmacias para poner los precios a disposición del consumidor.

El ministro sólo hace cumplir la ley que INDECOPI se resiste a aplicar: “El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores” (D. Leg 1034). 

Presidente García, de usted depende que el ministro resista a la embestida conjunta de los laboratorios nacionales y extranjeros. No lo deje solo.