"El negocio de la salud*

Ley estatutaria para atornillar el negocio de la salud*

por  MAURICIO TORRES-TOVAR**

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• Autor:MAURICIO TORRES-TOVAR**
• Edición:193
• Fecha:Julio 20 - Agosto 20 de 2013

La Ley Estatutaria de la Salud, aprobada recientemente por el Congreso de la República, en vez de avanzar por la vía progresista y garantista abierta por la Corte Constitucional con la Sentencia T-760 en el 2008, fortalece el camino del negocio instaurado en 1993, dándole un mayor rango jurídico. La tutela queda limitada y la sostenibilidad fiscal determinará sin tapujos las aspiraciones de los más necesitados.

El Congreso de la República reconfirmó el pasado 19 de junio su carácter. Su aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud, evidencia sus compromisos históricos, políticos y económicos, así como las fuerzas que lo controlan y sus interéses inmediatos.

Esta nueva ley, a todas luces contraria a la que la sociedad demanda y requiere, no resuelve los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana con el sistema de salud y, por el contrario, sí profundiza el modelo de mercado instaurado con la Ley 100/93, consolidado con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2012. Sistema de salud y leyes, aprobadas y puestas en marcha pese a las requrimientos de las mayorías del país, a las propuestas –cada vez más elaboradas y sólidas– por parte de los actores alternativos, las mismas que son subordinadas o instrumentalizadas por parte del Congreso de la República a la hora de legislar.

Otra vez los empresarios de la salud y sus clérigos

Para lograr su propósito en este campo, sin lugar a dudas el gobierno nacional actuó con malicia y extremo cuidado, como si fuera un cirujano experto. De un lado, al presentar su iniciativa como proyecto de ley estatutaria, cooptó parte del gremio médico. De otro lado, hizo lo propio con la demanda de los sectores sociales al enviar el mensaje al país que las EPS se acababan, aunque esto no sea cierto pues, como es evidente, la figura de intermediación se mantienen con las gestores de servicios de salud. Y, por último, capturó y funcionalizó las propuestas alternativas presentadas, como es el caso de los principios (para ellos, al parecer, no hay muchos problemas en incorporarlos, caben todos, eso sí, después se ajustan las cargas, es decir, los condicionan); la creación de un fondo público nacional (se acepta que lo público sea quien administre, eso sí, siempre y cuando lo privado siga ganando, en tanto mantienen la almendra del negocio al recibir la UPC y controlar la contratación de la prestación de los servicios de salud y definir que se paga y que no); eliminar el POS (el que se ajusta a través de los criterios de exclusiones, y no como hasta ahora, a través de lo incluido), e incorporar la mirada de los determinantes sociales de la salud (reducidos a un conjunto de factores de riesgo que no tienen nada que ver con lo estructural, es decir, estableciendo las condiciones de salud de la poblaciòn).

Con su proceder, el gobierno nacional avanza en los propósitos que lo alientan con el sistema de salud. Para ello realiza el ajuste de tuerca que requería, con dos aspectos centrales. Primero, establece estatutariamente un contenido restricto del derecho a la salud al quedar en el texto de la Ley que el derecho a la misma "Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud [...] Su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, coordinación y control del Estado", dejándolo ligado exclusivamente a un servicio público de atención a la enfermedad individual en el marco del modelo de aseguramiento, regulado por el Estado pero que puede ser prestado por instituciones públicas o privadas, despojando a este derecho de su contenido integral e interdependiente con otros derechos fundamentales tales como los de saneamiento básico, alimentación nutritiva, ambiente sano, trabajo digno y seguro, entre otros y de su articulación con la condición de ciudadanía, que implica que no hay que demostrar capacidad de pago para recibirlo.

Segundo, subordina la realización del derecho a la salud al establecer unos criterios amplios de exclusiones de las atenciones que no podrá recibir la gente, y al dejar sólo un recurso de reposición –inicialmente– ante el mismo Ministerio de Salud y en caso negativo, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, todo lo cual, sin lugar a dudas va a limitar los alcances de la tutela, sumado –como si fuera poco– al concepto de sostenibilidad fiscal que crea un supraderecho de tipo económico.

Entonces, quienes se han lucrado del modelo de Ley 100 vuelven a salir gananciosos en esta contienda política por el control del sector salud, y dan un paso grande al limitar el uso de la tutela –como lo habían querido hacer desde hace varios años– dado que han afectado su proceso de acumulación de ganancias que se da a expensas de la salud y la vida de la gente.

En este sentido, es muy grave para las mayorías nacionales lo aprobado por el Congreso de la República, en tanto legitima estatutariamente un derecho reducido y estrecha más las posibilidades de su garantía para la gente.

Aprender de lo andado

Esta nueva derrota propinada por el Congreso de la República a los sectores proclives a la salud como derecho humano y por extensión al cojunto social, que se suma a las sufridas en las reformas del 2007 y 2012, debe servir para reflexionar sobre las formas usadas hasta ahora para luchar por el ejercicio real de un derecho fundamental, pero también para sopesar su eficacia en la acción política, y al mismo tiempo preguntar, ¿para lograr el cumplimiento de la salud como derecho fundamental, cómo avanzar?

Por supuesto que los responsables que el estado de cosas en salud no cambie no son los sectores que se movilizan por el ejercicio pleno de este derecho. Existen diversas razones que explican la inamovilidad de la sociedad frente a este tema, todos los cuales, como un solo corpus impiden la presión necesaria para un cambio real. Estos factores van desde la criminalización de la acción social y política, pasando por la consideración ampliada de que éste es un problema particular que se resuelve de manera individual, hasta llegar a la increíble realidad de que mientras no se esté enfermo no me preocupo por el tema, aceptando de hecho que para acceder a una ágil y oportuna atención es necesario pagar.

Así es la realidad que no se ha podido quebrar. Pero no por ello hay que dejar de hacer preguntas, todas ellas necesarias: ¿Hasta dónde los métodos de acción política usados por los movimientos sociales son los indicados? ¿Qué tanto se han comprendido las necesidades y reclamaciones de la gente y qué tanto se ha podido hacer por ellas? ¿Qué tanto se logra sumar a la gente a las ideas e iniciativas necesarias de concreción para contar con una sociedad más justa? Para tener capacidad transformadora, ¿se están colocando las energías sociales, sus esfuerzos y recursos en los procesos y sitios indicados?

Ante estas evidencias e interrotgantes, no hay duda que el esfuerzo de 20 años por construir un movimiento social en el ámbito nacional que articule diversos sectores bajo la bandera del reconocimiento de la salud como derecho humano muestra claras limitaciones, lo qué demanda repensar y reorientar el actuar para lograr una mayor efectividad política.

Aumentar el hartazgo por la clase dirigente y el Congreso

Las recientes movilizaciones en Brasil evidencian con fuerza la profunda desconfianza hacia la clase política percibida como corrupta, con sueldos extravagantes, preocupada de sí misma y no de la sociedad. Nada distinto a lo que ocurre en Colombia.

Una, dos y tres veces los congresistas colombianos han actuado a favor de los intereses de la EPS y de sí mismos, en tanto muchos de ellos están involucrados en los negocios de salud y/o han financiado sus campañas con dineros entregados por las aseguradoras de salud.

¿Por qué entonces insistir en el Congreso como el escenario central de incidencia política para el cambio del sistema de salud?

En este sentido, es claro que el esfuerzo central de quienes luchan por un sistema de salud para el servicio y real beneficio del conjunto social, debe centrarse en profundizar la sensación de malestar contra la clase política, el gobierno nacional y el congreso, una triada que para nada representan los intereses y necesidades de la sociedad, que es sordo a los gritos de la sociedad que demanda un cambio de fondo en la política de salud, incrementando por esta vía la participación política del conjunto social.

Mirar lo que vienen ocurriendo por estos días en Turquía y más cercanamente en Brasil nos puede dar pistas, si aceptamos la idea que es necesario revisar el método con que se ha luchado en Colombia, durante los últimos 20 años, por la garantía del derecho a la salud.

Para así actuar, se debería centrar todo el esfuerzo social, académico, jurídico, técnico y político, en función de incrementar la indignación, el hartazgo, que permita desembocar en una movilización social sostenida, adecuadamente orientada, que fortalezca los procesos organizativos y de articulación, y que enriquezca la plataforma política del derecho a la salud no solamente con la idea de un nuevo sistema para la misma, sino con la riqueza de la diversidad de las demandas y las iniciativas que tiene la gente alrededor de la promoción, prevención y atención en salud.

Lo andado indica con fuerza que es necesario replantear. Lo que hoy sucede en otras latitudes nos indica que se debe incrementar las protestas en las calles. ¿Por qué no soñar con una "primavera colombiana" que quiebre de una vez y para siempre el statu quo?

* Este artículo se apoya en los artículos realizados por el autor: ¿y los sectores proclives al derecho a la salud para dónde vamos? y La contienda por la Ley Estatutaria de Salud aparecidos en el Semanario Virtual Caja de Herramientas.

** MD - MSP

Profesor Posgrados en Salud.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

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La salud: ¿Derecho? ¿Servicio?

María Camila Martínez*

Seguramente muchos no están al tanto de lo que está sucediendo en el país con el tema de la salud.

Como lo sabemos y lo sufrimos, desde hace muchos años este derecho es burlado cada día, manifestación de lo cual es la profunda crisis que vive su servicio de atención, por lo cual han muerto no pocos. Infinidad han padecido la negligencia y mediocridad en la atención diaria, miles han visto agravadas sus enfermedades ante la dilación en el acceso a este derecho, sometidos a un recorrido infinito entre entidades de salud y diversidad de consultorios, en procura de una atención adecuada.

Estas son expresiones de una realidad meridiana, donde los/las profesionales de la salud, muchos de los cuales han perdido el sentido de la solidaridad y la ética, tienen mucho que ver, pues con su actitud de desprecio por el paciente, de silencio ante la privatización del servicio, y de complacencia con los "estímulos" que les ofrecen las multinacionales por ordenar este o aquel medicamento, terminan favoreciendo todo lo que está sucediendo, además de llevar a la drogodependencia a muchos de sus pacientes.

Producto de todo esto, desde hace años se intenta "mejorar" el sistema de salud, para lo cual se han aprobado varias reformas a la ley que la regula. En los actuales momentos cursa en el Congreso de la República una reforma más, la que se divide en tres cuerpos fundamentales: 1. Ley estatutaria, 2. Impacto fiscal, 3. Ley ordinaria reforma a la salud. En este momento ya fue aprobada la Ley Estatutaria (ver artículo Mauricio Torres).

Esta realidad nos obliga a ir por partes:

¿Qué es la reforma a la salud? Sin duda alguna, y pese a lo que todos los días nos dicen en los noticieros, es el impulso del mercado y de los seguros privados en este sector, pues se mantiene la entrega a los aseguradores privados –de manera solapada con lo que ahora llaman Unidad de Pago por Captación– de los recursos públicos del sector, sin que éstos sean directamente usados o retribuidos al mismo.

Las comparaciones no son agradables pero resultan necesarias en temas tan trascendentales como este de la salud. En países como Inglaterra, Canadá, Francia y Cuba la salud es tomada como un derecho fundamental (es decir, como algo inherente a la vida humana para garantizarla en dignidad) lo que implica que es asumido y garantizado por el Estado para cubrir toda la población, sin importar la condición socioeconómica de cada cual.

Pero entre nosotros, gracias a la Ley 100/93, la situación dista mucho de estos países, pues en estos momentos la atención depende de la capacidad de pago de los ciudadanos y del régimen en salud en el que se encuentren (contributivo o subsidiado), en ambos casos prestado de manera precaria por lo cual mucha gente se ve ante la necesidad de tutelar este derecho, pues como recordó la Corte Constitucional, la tutela es un mecanismo utilizado para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud en nuestro país (Sentencia T-760.).

Teniendo en cuenta el panorama anterior, ¿qué va a suceder con la reforma a la salud que patrocina el actual gobierno? Pues bien, la salud (garantizada como derecho fundamental por la tutela) pasará a ser un derecho de orden público, es decir, dado a partir de la relación entre personas y entidades privadas. En otras palabras, la salud continuará como un servicio que recibiremos y estará determinado de acuerdo a nuestra capacidad de pago, y según lo que le convenga a las aseguradoras y privados.

De esta manera, la reforma en curso no es la que requerimos para que gocemos del pleno derecho a la salud, no, por el contrario, servirá como catapulta para el negocio de las EPS.

Esta es parte de la reforma que cursa en el Congreso, con la cual, realmente, no se acabarán las EPS como dicen muchos, sólo cambiarán de nombre, ahora se llamarán GSS, el POS se denominará Mi Plan y el Fosyga –encargado de recoger los recursos de los impuestos que todos pagamos– pasará a llamarse Salud Mía.

Sistema de salud cada vez más precario. De esta manera, la privación de un tratamiento o un medicamento –realidad sufrida por muchos de nosotros o por familiares o amigos– seguirá traduciéndose en más carga económica para las familias, muchas de las cuales se tienen que negar otros derechos para poder cubrir éste. Esto en caso de contar con algún ingreso económico seguro, Pero cuando la gente está desempleada, o cuando simplemente el sueldo no le alcanza, ¿qué puede hacer?, ¿qué seguirá sucediendo con las personas sin capacidad de pago? Entonces, ante una tragedia diaria como esta hay que preguntarse, ¿en qué clase de país vivimos? Sí, nos dicen que muy rico en recursos naturales e hidrográficos, fauna y flora, lo tenemos todo, pero ¿qué pasa con la equidad en nuestro país?, ¿tengo que ser hija de un multimillonario para recibir mejor atención en salud, y acceder a otros derechos como la educación?

Desde el Comité No Más EPS de la universidad de La Salle, un comité creado por estudiantes y jóvenes preocupados por la situación del país, los/as invitamos a que pensemos este tema con la seriedad que merece, pues todos nos veremos, tarde o temprano, directa o indirectamente, afectados por este tipo de políticas y reformas. Pero también, a que nos comprometamos con una acción contundente para que este tipo de reformas no prosperen. Debemos mirarnos en el espejo de los indignados de todo el mundo, y actuar como uno más de estos.