La mala educación
Patricia del Rio
Cada vez que se aborda el tema de la educación privada en el Perú, se cree que hablamos de una elite que puede acceder a ella. Sin embargo, esta
mos perdiendo de vista que, por lo menos en Lima, la posibilidad de pagar una escuela privada está cada vez más al alcance de las mayorías. En un estudio preliminar sobre el futuro de la escuela pública en nuestra capital, el especialista Ricardo Cuenca señala que en esta ciudad el ingreso per capita es 58% superior al resto del área urbana y 72% más que en zonas rurales. Si a este mayor poder adquisitivo se le suma una importante oferta en educación básica producto de la liberalización de este servicio público durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo que tenemos es que la mayoría de escuelas en Lima son privadas. Como bien señala Cuenca esta oferta, cuya demanda más alta se encuentra en distritos más pobres; no es uniforme y no siempre es de calidad.
La pregunta es ¿y quién las regula? ¿Quién ve lo que está pasando en esos grandes colegios de Chacarilla, o en los mal llamados colegios preuniversitarios o en esas escuelitas hechas en el segundo piso de una casa en Comas? Por años la respuesta del Ministerio de Educación a ha sido nula. A los padres los mandaban a Indecopi a resolver sus líos, y así quedaba reducida la relación colegio-familia a la de cliente-empresa.
Los más fregados de esta desnaturalización de un servicio público fundamental han sido, por supuesto, los niños. Cada vez más los colegios se sienten con derecho de exigirles a los alumnos habilidades que no corresponden a su edad. Los padres, además, se tienen que someter a cuanto capricho se le ocurra al director, porque detrás de su hijo hay decenas esperando que se libere una vacante.
Tal vez una de las expresiones más perversas de esta privatización de la educación hayan sido los exámenes de admisión. Niños rindiendo pruebas a los 2 o 3 años; colegios inscribiendo a 600 postulantes para 30 vacantes. Evaluaciones para menores de 3 años en las que piden conocimientos de chicos de 6. Y toda esta tortura para nada, porque no hay forma que, en dos horas, una persona descubra habilidades de un pequeño al que no ha visto nunca en su vida.
Ridículo. Fuera de toda proporción. Por eso el Ministerio de Educación ha dicho basta. Asumiendo su responsabilidad con todos los alumnos del Perú (recordemos que los certificados escolares los da el Ministerio, no el colegio) ha prohibido que se tomen exámenes de ingreso a chiquitines que entran a inicial. Nada de pruebas ni evaluaciones. Con esta medida, todavía tímida y balbuceante, se está sentando las bases para que el Estado regule la calidad y la exigencia de la educación privada. No se trata de intervenir, ni de estatizar, mucho menos de quitarles a los privados la opción de participar con responsabilidad en este importante rubro. Se trata, simplemente de velar porque se haga de manera responsable. De proteger a esos niños que no tienen por qué aprender a escribir a los 3 años porque un colegio se los exige.
¿Se imaginan qué pasaría si una escuela pidiera como requisito que nuestros hijos engorden hasta 40 kilos para ser admitidos? Sería un escándalo ¿no? Hasta ahora no sé por qué no nos espanta igual que les exijan embutirse un montón de conocimientos que no les corresponden.
La pregunta es ¿y quién las regula? ¿Quién ve lo que está pasando en esos grandes colegios de Chacarilla, o en los mal llamados colegios preuniversitarios o en esas escuelitas hechas en el segundo piso de una casa en Comas? Por años la respuesta del Ministerio de Educación a ha sido nula. A los padres los mandaban a Indecopi a resolver sus líos, y así quedaba reducida la relación colegio-familia a la de cliente-empresa.
Los más fregados de esta desnaturalización de un servicio público fundamental han sido, por supuesto, los niños. Cada vez más los colegios se sienten con derecho de exigirles a los alumnos habilidades que no corresponden a su edad. Los padres, además, se tienen que someter a cuanto capricho se le ocurra al director, porque detrás de su hijo hay decenas esperando que se libere una vacante.
Tal vez una de las expresiones más perversas de esta privatización de la educación hayan sido los exámenes de admisión. Niños rindiendo pruebas a los 2 o 3 años; colegios inscribiendo a 600 postulantes para 30 vacantes. Evaluaciones para menores de 3 años en las que piden conocimientos de chicos de 6. Y toda esta tortura para nada, porque no hay forma que, en dos horas, una persona descubra habilidades de un pequeño al que no ha visto nunca en su vida.
Ridículo. Fuera de toda proporción. Por eso el Ministerio de Educación ha dicho basta. Asumiendo su responsabilidad con todos los alumnos del Perú (recordemos que los certificados escolares los da el Ministerio, no el colegio) ha prohibido que se tomen exámenes de ingreso a chiquitines que entran a inicial. Nada de pruebas ni evaluaciones. Con esta medida, todavía tímida y balbuceante, se está sentando las bases para que el Estado regule la calidad y la exigencia de la educación privada. No se trata de intervenir, ni de estatizar, mucho menos de quitarles a los privados la opción de participar con responsabilidad en este importante rubro. Se trata, simplemente de velar porque se haga de manera responsable. De proteger a esos niños que no tienen por qué aprender a escribir a los 3 años porque un colegio se los exige.
¿Se imaginan qué pasaría si una escuela pidiera como requisito que nuestros hijos engorden hasta 40 kilos para ser admitidos? Sería un escándalo ¿no? Hasta ahora no sé por qué no nos espanta igual que les exijan embutirse un montón de conocimientos que no les corresponden.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/2M7QLHE3GFH7ZIKQK27QPHSAOY.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario