La quiebra de una fundación destapa otro gran fraude en la sanidad catalana
ORIOL GÜELL Barcelona 17 DIC 2012 - 22:53 CET163
Fachada del Centro de Investigación Biomédica de Barcelona. / VICENÇ GIMÉNEZ
La quiebra de Instituto de Alta Tecnología (IAT), una fundación creada en 2001 para construir y gestionar un pionero centro de diagnóstico por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán), ha hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la sanidad catalana. El IAT tenía que ser un modelo de excelencia y una brillante colaboración entre el sector público y el privado. Formada por tres hospitales financiados por la Generalitat —Mar, Clínic y Vall d’Hebron— y un holding privado —CRC, empresa líder en Cataluña en el sector—, la fundación acabó sin embargo solicitando el concurso de acreedores en octubre de 2011.
La causa de ello no fueron los recortes. Ni siquiera la escasez de recursos para la investigación. Según el administrador concursal de IAT y la auditoría Faura-Casas, a la que el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona ha encargado un peritaje, CRC se aprovechó de su control sobre la fundación para obtener irregularmente de ella cuantiosos recursos e incluso desvió hacia sus empresas filiales subvenciones y todo tipo de materiales comprados con fondos públicos, todo ello en medio de un caos de gestión —cuentas no depositadas, “cifras inconsistentes”, ingresos y gastos que no cuadraban...— en el que ahora los técnicos tratan de poner un poco de orden.
En total, el administrador concursal, estima en 5,3 millones el dinero que el grupo CRC debe a la fundación. La mitad de este importe proviene de un crédito blando concedido en 2002 por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por todo ello, el administrador considera que “existen motivos para fundamentar la calificación culpable del concurso”, es decir, que pueden existir responsabilidades por parte de los gestores de CRC. Lo sucedido tampoco deja en muy buen lugar a los patronos de los tres hospitales públicos afectados, cuya falta de control o complacencia permitió todo lo ocurrido.
El caso, además, amenaza complicarse en un reguero de procesos judiciales, ya que IAT ha dejado en la estacada a una veintena de trabajadores e investigadores, y el grupo CRC solicitó asimismo el concurso de acreedores el pasado mes de septiembre.
La malograda historia del IAT arranca en julio de 2001, cuando una filial del grupo CRC —CRC Mar— y el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria —IMAS, empresa del Ayuntamiento de Barcelona que entonces gestionaba el hospital del Mar— crearon la fundación IAT. A los dos socios fundadores, a IAT se sumaron el hospital Clínic en enero de 2003 y el de la Vall d’Hebron en octubre de 2004. En todos los casos la aportación inicial fue de 60.010 euros, ampliada con otros 100.000 euros por actor en 2005, dinero que los centros ya pueden dar por perdidos.
Pese a que CRC solo aportó una cuarta parte de estos fondos iniciales, los hospitales le cedieron el control de la fundación en un contrato firmado en abril de 2002 que daba a CRC Corporación Sanitaria —la matriz delholding— los poderes “de dirección, gestión, administración y dirección médica” de IAC. El administrador destaca la paradoja de que el contrato fuera firmado por los dos máximos ejecutivos de CRC, Carlos Sanpons y Norberto Galindo. El primero —consejero y presidente de la matriz, CRC Corporación Sanitaria— lo hizo en representación de IAT, mientras Galindo lo hizo por el holding.
El dominio de CRC sobre la gestión del IAT le permitió obtener cuantiosos ingresos de la fundación desde el primer momento. Por el servicio de dirección, el contrato establecía 50.000 euros anuales más un importe variable por cada prueba de diagnóstico por imagen realizada, condiciones “a todas luces leoninas y perjudiciales para la fundación y en beneficio, muy lucrativo para CRC”, sostiene el administrador.
La pericial de Faura-Causas, sin embargo, alerta de que en realidad CRC cobraba mucho más a IAT por este concepto: “Los importes facturados en concepto de canon de gestión fijo (...) son sustancialmente superiores a los estipulados en el contrato”. En 2008, CRC ingresó en realidad 109.256 euros, cantidad que en 2010 subió a 111.786 euros.
Pese a todo, estas cantidades eran solo una pequeña parte del dinero público que CRC llegaría a gestionar si llegaba a construirse el ciclotrón, el proyecto por el que fue creado el propio IAT. Este equipo, un acelerador de partículas, requería una millonaria inversión que en enero de 2002 aportó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue en forma de crédito de 5,79 millones de euros a devolver en 15 años sin intereses y con una carencia de tres años.
El ministerio solo impuso una condición relevante: el ciclotrón y los otros equipos médicos comprados con el crédito “debían utilizarse únicamente con fines docentes y de investigación, y no comerciales”. Las obras y la instalación de los equipos se prolongaron durante más de cuatro años, pero una vez todo en marcha CRC no tardó en saltarse la condición impuesta por el ministerio y a ofrecer a empresas del sector farmacéutico y sanitario el uso del ciclotrón. Según destaca el administrador, “la intención de la fundación no era la de dedicar única y exclusivamente el ciclotrón para fines de investigación o docentes sino, muy al contrario, para su explotación comercial”.
No fue la única irregularidad cometida por CRC con relación al crédito. Según Faura-Casas, IAT “no pudo justificar la inversión por la totalidad de la cantidad prevista”, lo que provocó que el ministerio le revocara parte del crédito por 1,84 millones de euros. Tras varios escritos y negociaciones cruzados entre 2006 y 2008, IAT dejaría de devolver al Ministerio de Ciencia 2,52 millones de euros, importe aún pendiente.
Pero la más controvertida de las decisiones adoptadas por CRC como gestor de IAT aún tenía que llegar. Fue en enero de 2008 cuando la fundación vendió a una empresa filial de CRC —CRC Centro de Imagen Molecular (CRC-CIM)— el uso del ciclotrón y las ramas de actividad susceptibles de ser comercializadas. Era una operación que permitía sortear las limitaciones impuestas por el ministerio, pero para el administrador concursal suponía un fraude. CRC-CIM fue para él una sociedad “constituida con la finalidad de instrumentalizar la compra de activos a IAT, todo ello en beneficio de CRC y en muy grave perjuicio para la fundación”. La venta supuso vaciar de facto la fundación de su principal activo y cuestiona el papel de los patronos que lo permitieron, cuya función según la ley es velar por los principios fundacionales de la entidad.
El administrador concursal recurrió ante la venta del ciclotrón a CRC-CIM ante el Juzgado de lo Mercantil 6, que en una sentencia del pasado 12 de noviembre ha resuelto declararla nula. Están por ver ahora los efectos de este fallo en el proceso, con el grupo CRC en concurso de acreedores y el IAT apenas funcionando desde hace más de un año.
Tras la venta de su principal activo, la fundación IAT quedó reducida a la mínima expresión, con solo cuatro de los cerca de 40 trabajadores que llegó a tener. Según la pericial de Faura-Casas y el administrador concursal, sin embargo, CRC utilizó en esta última etapa, de 2008 a 2010, a la fundación como una especie de tapadera para comprar a coste cero todo tipo de materiales y servicios. El esquema utilizado era tan simple como lesivo para IAT y los proveedores: la fundación hacía los pedidos (que luego no pagaba), pero los materiales y servicios obtenidos iban en realidad a empresas del grupo CRC. Esta práctica causó a la fundación, según Faura-Casas, un agujero de 3,27 millones de euros. Estas prácticas fueron las que llevaron a IAT a la ruina.
No fue hasta finales de diciembre de 2010 cuando los tres hospitales públicos implicados “reaccionaron”, según el administrador concursal, “retomando el control efectivo de la fundación el 21 de febrero de 2011”. Lo tardío de la medida no logró evitar la solicitud del concurso de acreedores presentada por IAT en octubre del mismo año.
Silencio entre los implicados
Las cuantiosas pérdidas sufridas por el IAT y los hospitales públicos implicados, y el hecho de que el caso esté en los tribunales lleva a la mayoría de implicados a declinar ofrecer su versión sobre los hechos. Así lo han hecho los hospitales Clínic y Vall d'Hebron, que rechazaron comentar el papel de sus patronos en la quiebra de IAT.
Un portavoz del hospital del Mar se limitó a destacar que “los hechos corresponden al anterior equipo de gestión”. Este mismo portavoz también apuntó que el grupo CRC habría maniobrado a espaldas de los patronos, especialmente en la venta del ciclotrón a una empresa filial.
Esta versión fue desmentida por los responsables de la empresa, que aseguraron que “los patronos de IAT estuvieron en todo momento informados y aprobaron las principales decisiones y las cuentas de la entidad”. Un portavoz de CRC, hoy también en concurso de acreedores, culpó a las administraciones implicadas —Generalitat y Ayuntamiento— por haber incumplido un acuerdo que hubiera dado viabilidad al proyecto.
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