Nuevos señorones feudales
Viernes, 12 de abril de 2013 | 4:30 am
El atentado y vejamen de un grupo de ronderos chotanos contra unas mujeres tildadas de prostitutas es uno de los peores signos de los tiempos. Cada vez estamos viendo más rondas y comunidades tomando la ley en sus manos, con diversos argumentos. En todos los casos es la imposición de la turba allí donde el Estado no está presente para atajarla.
Este clima viene siendo propiciado por la cantidad de movilizaciones populares que logran imponerse a las leyes de la república frente a la debilidad de las fuerzas del orden, presas en el dilema de ceder o derramar sangre, con las consecuencias que esto último trae. Conga, en Cajamarca, ha sido el ejemplo más notorio.
No sorprende que si las rondas de Celendín han parado en seco al gobierno central, ahora las de Chota se sientan facultadas para impartir justicia fundamentalista en los ámbitos urbanos. Probablemente ni siquiera lo intuyen, pero están claramente contra la Constitución del país, a un paso de la insurrección.
Lo sucedido en Chota es un caso de prepotencia contra un grupo de ciudadanas con derechos, a las que se ha vejado sin argumento legal alguno. Donde podía haber correspondido una queja o una denuncia, o incluso una protesta pacífica, hemos visto un asalto vejatorio al margen de la ley. Las agraviadas están en situación de interponer una denuncia policial, y deberían hacerla.
Hace un tiempo se dio lo de la paliza y despojo a cinco turistas por parte de un grupo de comuneros en la localidad de Ocongate, Cusco. El argumento de los asaltantes fue que los turistas no mostraron sus documentos, algo a lo cual no estaban obligados. Está claro que los comuneros actuaron usurpando la condición de autoridades, particularmente arbitrarias además.
Son situaciones de violencia real, si bien limitada, que evocan los casos de linchamiento en estos años. Sugerencias de que el infausto ushanan jampi que hizo conocido un cuento de Enrique López Albújar, o el incidente de Uchuraccay: la justicia comunitaria ejercida al margen de las leyes del país. Resabios de un mundo que el Perú ha superado largamente.
La idea de la ausencia del Estado es bastante relativa en estos casos, pues hoy el Estado es una presencia harto difundida, si bien no siempre asentada. Salvo los indígenas no contactados de la Amazonía, nadie en el territorio ignora que el Estado tiene el monopolio de la violencia y que todo ciudadano está protegido por la ley.
El tema de los matones locales, individuales o colectivos, en las zonas remotas del país debería ser una preocupación del Estado. Pues es un tipo de prepotencia impune que puede llevar hasta la esclavitud, o formas de dictadura local, no tan lejana de la que ejercía Sendero Luminoso en zonas apartadas.
Mirko Lauer
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