Reformas para sostener el crecimiento: ¿Confianza
o liderazgo? PERU
Fernando Silva Abanto
La gestión del presidente Humala
se encuentra en medio de la influencia geopolítica latinoamericana que busca
modificar los fundamentos económicos que si bien nos han permitido mantener las
actuales tasas de crecimiento y progresivamente reducir las tasas de pobreza y
desigualdad empiezan a mostrar límites para sostener las tasas de crecimiento.
La reciente visita del ex presidente
brasileño Lula Da Silva es una muestra más de la referida influencia pero que
también ha servido para mostrar el contraste de los avances de los países
miembros de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, ante estas influencias y un
clima político confrontacional preocupa la falta de definición de nuestra
autoridad respecto de su comprensión del grado de intervención del Estado en la
economía. La vigilancia mediática, empresarial y política así como las
evidencias de un proceso de enfriamiento de la economía peruana determinaron
que se respondiese al reclamo de un
shock de confianza y el pasado viernes 24 de mayo se anunciaron siete medidas
para promover la inversión pública y privada. ¿Podemos confiar en que no habrá
una conducta dubitativa respecto a los fundamentos de una economía social de
mercado? ¿Se está concentrando en la implementación de la agenda por la cual
fue electo y que supone reestructurar el Estado en función a estos nuevos
objetivos de política económica: inclusión social y competitividad? ¿El
desarrollo institucional alcanzado modelan las conductas políticas y sociales?
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¿Geopolítica
y fundamentos económicos determinantes de conductas políticas?
Un factor que ayuda a explicar la
conducta del Presidente de la República es la tendencia observada desde inicios
de la década del 2000 pero que con la crisis mundial del 2008 se evidencia la
necesidad de reconceptualizar los fundamentos en los que se había basado una
etapa de crecimiento regida por los principios del respeto de la libertad, la
democracia, esfuerzo personal y la propiedad privada pero que no han resuelto
los problemas de desigualdad y redistribución del ingreso. Reconceptualización
que fortalecía a países que vienen implementando un modelo de desarrollo donde
prima un mayor grado de intervención en la economía para hacer prevalecer la
justicia social, la redistribución y un componente colectivista.
El Perú en las elecciones del
2006 se ratificó por un modelo que aún brindaba posibilidades de bienestar para
todos y que prometía concentrarse en los temas sociales reformando el Estado.
Humala representaba el anti sistema, por ende, no obtuvo el respaldo popular;
sin embargo, la “reforma del alma” de García no se materializó por las
privilegiadas condiciones del contexto internacional y la historia juzgará
sobre otra oportunidad perdida acerca de la reforma del Estado.
Las condiciones electorales para
el 2011 tienen como marco un mundo que no ha podido aún superar la crisis del
2008 pero también un país estabilizado por los fundamentos de la economía de
mercado. En la primera vuelta primó la demanda de una gran transformación pero
en la segunda vuelta el descenso de los indicadores de confianza influyeron
para que el pueblo peruano elija la hoja de ruta que suponía cambios con un
nuevo contenido social al modelo imperante.
Los cinco primeros meses de
gobierno se caracterizaron por enviar señales para confirmar que efectivamente
esa era la orientación, aprobándose la ley de consulta previa, la creación del
MIDIS, el fortalecimiento de Sunat, el nuevo sistema impositivo minero entre
otras medidas que el ministro de economía sintetizó en diciembre del 2011 como
los 10 desafíos para un crecimiento sostenible.
Las señales de respeto de los
fundamentos de mercado pero con un sentido social, demandas regionales por el
impacto ambiental de la minería incorporadas en las políticas públicas, medidas
fiscales para mantener tasas de crecimiento ante un contexto de desaceleración
mundial, así como la aprobación presidencial superior a sus dos predecesores y
un entorno geopolítico regional proclive al intervencionismo alentaron al presidente
a retomar este camino. Los sucesos de Venezuela y las gestiones para adquirir
Repsol evidenciaron esta conducta así como las presiones para su modificación.
¿Estamos frente a un proceso
donde la asociación positiva entre confianza y liderazgo se basa en la fortaleza
de un sistema democrático y ésta tiende a corregirlo cuando se presentan
debilidades en este último? ¿Nuestro sistema democrático ha madurado cuando
corrige la escasa correlación entre confianza y liderazgo? O ¿sigue siendo
expresión de la captura del Estado y no denota consensos sobre la forma como se
conduce un país y el respaldo que se brinda a quiénes alertan sobre las
variabilidades de la conducta política de nuestras autoridades?
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Gestión
de reformas estatales y conducción política
Desde inicios de la presente
gestión se reconocía el dilema que representaba el agua vs el oro, así también se
reconocía que políticas de mercado no habían resuelto la desigualdad de
ingresos después de más 20 años de
aplicadas, con la consiguiente corresponsabilidad del Estado dado que
contribuía a ésta con mecanismos como la distribución del canon y las regalías.
La conceptualización de este
dilema se recogía en uno de los principales instrumentos de política económica
como es el marco macroeconómico multianual (MMM) del 2012-2014 que enfatizaba
en: mayor inclusión social y reducción de la pobreza, crecimiento con
estabilidad, mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía, aumentar
la presión tributaria y mejorar la calidad del gasto público a través del
presupuesto por resultados.
La operativización de este
enfoque se tradujo en procesos de reforma que se vienen implementando tal
como se puede advertir en el cuadro
adjunto y donde la Presidencia del Consejo de Ministros tan sólo monitorea. El Perú ha generado un proceso de aprendizaje
en la gestión del momento óptimo para reformas. En esta oportunidad
el dilema del agua vs oro es un problema público que impactó en el sistema
político y si bien existe el conocimiento suficiente para conceptualizarlas y traducirlas
en un nuevo diseño institucional, las presiones por implementar políticas que
permitan superar progresivamente una economía basada en recursos naturales
pueden encontrar obstáculos que pongan en riesgo estas, más aún cuando no
existe compromiso político con las mismas, o las dificultades se encuentran en
el consenso para su implementación ya
sea por no contar con una estrategia integral para su diseño, gestión y comunicación
hacia el conjunto de la sociedad pero en particular para incorporar el
conocimiento que debería venir de la academia y de las regiones con mayor
sensibilidad a éste.
Sigue siendo válida
la crítica en la orientación de las políticas públicas por parte del MEF pero
también es verdad que existen esfuerzos por modernizar la gestión pública y
esta es responsabilidad de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros que aprobó a
inicios de año la Política de Modernización de la Gestión Pública.
En medio del marasmo
político vivido en estos días el Presidente del Consejo de Ministros ha podido responder
a la iniciativa del Ministerio de Educación de presentar la política de
modernización y descentralización de la gestión de este sector y encontrar una
respuesta política a la crítica relacionada a que el gobierno no está en piloto
automático y que se ha “iniciado reformas
importantes en diversos ámbitos de la administración pública, que están
orientadas a generar cambios fundamentales para el país”.
Efectivamente se están generando una serie de
cambios y donde el contenido de estos son más de carácter administrativo que
corresponde a las denominadas reformas microeconómicas pero que no forman parte
de la agenda política. Tanto el Presidente de la República como el Presidente
del Consejo de Ministros no priorizan la gestión de los cambios en curso.
-
Cambios para
responder a los déficits de productividad y competitividad
La agenda de reformas, como se puede observar
del cuadro adjunto, es de por si compleja. Cada una de ellas observa
dificultades y resistencias que determinarán el grado de profundidad de las
mismas.
Se
concuerda que la etapa del crecimiento fácil concluye y que hay que
concentrarse en los factores que influirán en un crecimiento basado en la
productividad y competitividad.
Si bien el fenómeno
de la globalización y las reformas de los noventa desarrollaron conductas de
emprendimiento aunque mayormente por necesidad antes que por oportunidades, nos
encontramos en un momento de consolidar un clima de competitividad. Las
reformas en el sector educación pueden ser ese detonante al priorizarse los
aprendizajes, calidad de docencia y gestión descentralizada. Los mismos
docentes comprenden que no pueden estar ajenos a la capacitación y a la
actualización y mejor aun cuando se cuenta con incentivos donde se reconoce el
valor del conocimiento y un pago proporcional por este pero respetando derechos
laborales. En la misma orientación se encuentra la ley del servicio civil.
Es pues la calidad
del sistema educativo la que determinará una mayor participación en las
oportunidades que se desprenden de inversiones que por la misma amplitud de
nuestros mercados son superiores a los 2,000 millones de dólares. En ese
sentido, el sector educativo, academia e industria tienen que conversar para
estructurar currículos que materialicen las demandas de talentos por parte de
empresas de acuerdos a sus necesidades y no sentirnos excluidos de
oportunidades y riqueza que se genera con nuestros recursos naturales
fundamentalmente.
En ese sentido, es
importante el anunció promovido por el sector educación antes que por iniciativa
de la gestión integral de la Modernización de la Gestión Pública que le
correspondería a la Secretaria de Gestión Pública de PCM, dado que con estos
cambios también se empieza a resolver la debilidad del proceso
descentralización en cuanto a la definición de las funciones y competencias de
cada nivel de gobierno, por ende, se ejerce el rol rector y genera una mayor
articulación intergubernamental e intersectorial.
Otro cambio a tomar
en consideración es el tributario. La concentración de la tributación es la que
debe llamarnos la atención dado que el 80% de la recaudación proviene de 15,000
contribuyentes de un total de 5 millones de contribuyentes, al momento de
solicitar el fortalecimiento de Sunat en setiembre del 2011; de estos
aproximadamente 54 contribuyentes aportan el 40% de la recaudación.
Este dato tiene por
finalidad mostrar el desafío de la diversificación productiva puesto que la
ampliación de la base tributaria no será suficiente con la incorporación de la
informalidad y medidas para reducir la evasión, exoneraciones y conciencia
tributaria. El grado de concentración de la riqueza expresa la necesidad del
desarrollo de capacidades de gestión así como de competitividad.
El esfuerzo de un
sistema meritocrático en la administración pública se sustenta en que luego de más de dos
décadas de crecimiento económico las organizaciones públicas, privadas y
sociedad civil requieren nuevas estructuras organizacionales porque las
exigencias del desarrollo así lo ameritan.
Progresivamente la prestación de
bienes y servicios básicos empiezan a coberturarse y esto se traduce en una
mayor integración de las áreas rurales a los espacios urbanos producto de mejor
infraestructura económica y social que incrementa ingresos y capacidad
adquisitiva, sin embargo, las demandas ahora se orientan hacia otro tipo de
bienes y servicios y nuestro país se siente presionado por incrementar
agresivamente la productividad y competitividad, eficiencia y equidad.
El reto de crecer y distribuir convoca
a participar a todos los actores pero será sobre la base de una estructura
estatal eficiente y eficaz, una sociedad cohesionada y liderada por el jefe de
Estado que nos permitirá superar la denominada trampa de ingresos medios al
concentrarnos por consenso en invertir en otro tipo de infraestructura, capital
humano más calificado, mercado laboral sin rigideces, en ciencia y tecnología y
nuevo diseño institucional. El MMM 2014-2016 alerta acerca de los riesgos de la
sostenibilidad en el crecimiento y donde sólo unos cuántos países han logrado
mantener sus tasas de crecimiento en el largo plazo. Chile creció en promedio a
una tasa de 6.9% durante el período
1990-1999. Durante el 2000-2011 fue de solo 3.9% y su tasa de crecimiento
potencial de largo plazo es de 4.5%. Perú muestra un crecimiento promedio
histórico (1950-2012) de 4% con lo cual “…el estimado actual de crecimiento
potencial en torno del 6.0%-6.5% tiene un riesgo a la baja…”
¿Los conflictos provenientes de los
reclamos socio ambientales serán determinantes en la reproducción de
experiencias históricas en cuanto a la sostenibilidad de nuestras tasas de
crecimiento? La nueva oficina de Diálogo y Sostenibilidad, la ley de Consulta
Previa, el SENACE, el ordenamiento territorial entre otros deben posibilitar nuevas
inversiones para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, garantizar
a la ciudadanía su disponibilidad y confianza en la preservación del ambiente y
de su cultura.
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Conclusiones
Nos encontramos ante una ventana de
oportunidad que puede ser aprovechada
porque se cuenta con el conocimiento relativo para hacer realidad los cambios en
curso pero que requieren del liderazgo del Presidente de la República o de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Progresivamente hemos fortalecido
nuestras instituciones que nos permiten trasladar procesos de aprendizaje en la
gestión de los problemas públicos del ámbito de la economía hacia el socio
ambiental y son éstos los que permiten cumplir con compromisos políticos. Es así
que este conocimiento y la fortaleza institucional señalada minimizan los problemas
de liderazgo observados y contribuyen hacia diseños de intervención del Estado
en la economía donde lo deseable socialmente, como es el de crecer y distribuir,
supone reafirmar un modelo propio y evitar reproducir conductas clientelistas y
dádivas que no hacen sino retornar a épocas pasadas de un sistema político
proclive al déficit, endeudamientos y ciclos políticos perversos.
Asimismo, las entidades públicas
gestoras de los procesos de cambio deben comprometer al conjunto de la
ciudadanía y para ello deben informar periódicamente en particular a las
distintas comisiones del Congreso de la República siendo deseable que éstas no
sólo fiscalicen sino que efectivamente gestionen conjuntamente las políticas
sectoriales, asimismo, involucrar a las universidades y empresas en las tareas
que deben acompañar en los desafíos que se desprenden de los cambios propuestos.
Consideramos que el desarrollo
institucional obtenido viene modelando los comportamientos políticos y sociales
y no intereses subalternos producto de la comprensión que el funcionamiento de
la democracia permite atender oportunamente y pertinentemente los diferentes
bienes y servicios de los pueblos más alejados del Perú.
Una agenda basada en estas reformas garantizarán
a la ciudadanía la confianza sobre los desafíos pendientes y permitirán
reencontrarse al Presidente de la República con Cajamarca y suscribir un pacto
por el desarrollo donde toda la clase política se comprometa y canalice sus
energías a promover una cultura de la competitividad y no a una confrontación
política que pone en riesgo el destino de muchos compatriotas. Evitemos que la
historia reproduzca el dato de ser un país que no supo sostener su crecimiento económico
producto de caudillos y no estadistas capaces de generar la suficiente
confianza y liderazgo.
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