PRONUNCIAMIENTO CMP ANTE LA SITUACIÓN DE SALUD, EL SISTEMA DE SALUD Y EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú ante la situación de salud, el sistema de salud y el Aseguramiento Universal en Salud.

Considerando:

1. Que es misión primordial de la profesión médica contribuir con la mejora la salud de la población y al pleno ejercicio de su derecho a una atención universal, equitativa y de calidad, orientación recogida en la ley de creación del Colegio Médico del Perú que establece como uno de sus fines “el propender a mejorar la salud colectiva e individual de los habitantes del país” y desarrollada en su Estatuto, donde se considera como una de sus finalidades: “Contribuir al adelanto de la medicina y a la defensa y desarrollo de la vida, la salud y seguridad social individual y colectiva, cooperando con las instituciones públicas y no públicas”.
2. Que en consecuencia el Colegio Médico del Perú a lo largo de sus 45 años de existencia ha estado permanentemente vigilante de la evolución de las políticas de salud en el país y apoyado resueltamente aquellas orientadas a hacer efectivo el derecho a la salud y a la seguridad social que garanticen este derecho.
3. Que en particular el Colegio Médico del Perú ha apoyado, entre otras, las siguientes políticas en salud:
   1. La construcción de un sistema de salud, parte de un  sistema seguridad social, basado en los principios de  (1) universalidad  es decir que incluya a toda la población sin distinción ni barreras de acceso (2) integralidad en las prestaciones,  es decir, que cubra por igual para todos el conjunto de daños posibles desde una perspectiva de cuidado integral de la salud; (3) solidaridad que establezca los mecanismos financieros y organizacionales de manera que toda la población, en la medida de sus posibilidades, contribuya económicamente a su financiamiento; (4) Igualdad que garantice los mismos derechos para todos, (5) Unidad comprendida como la articulación de políticas, instituciones,  procedimientos y prestaciones, a fin de alcanzar su objetivo.
   2. El incremento del financiamiento público que asegure los recursos para la atención de la salud con calidad, principalmente en las poblaciones  con menores recursos
   3. El desarrollo de políticas adecuadas de recursos humanos en salud.
   4. El establecimiento de medidas que amplíen el acceso al medicamento de calidad a toda la población.
4.  Que la situación de salud de la población ha venido mejorando de manera sostenida, tal como se evidencia en la evolución de los principales indicadores de salud (expectativa de vida, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición); a la par, se observa una disminución de la pobreza. Sin embargo, subsisten marcadas diferencias entre grupos poblacionales y regiones. No obstante las mejoras señaladas, el Perú se ubica entre aquellos países con menor desarrollo en salud de la Región de las Américas.
5. Que nuestro actual sistema de salud constituye una débil e insuficiente respuesta institucional a las necesidades de atención de salud y constituirse en la base de un real sistema de seguridad social en salud. Su estructural segmentación es causa de su baja efectividad, eficiencia y calidad.
6. Que no obstante la persistencia de estos problemas se constata una mayor preocupación del Estado por la salud pública evidenciada en el progresivo incremento del gasto social en general y del gasto público en salud en particular, aunque en magnitudes aun insuficientes en relación a las necesidades y muy por debajo del promedio latinoamericano y de las posibilidades que el mejor desempeño de la economía nacional posibilitan. Por ello, los hogares continúan siendo la principal fuente de financiamiento de la atención de su salud, con las consecuentes restricciones al acceso y mayor empobrecimiento.
7. Que a la fecha  el acceso a la atención de salud, eficaz, oportuna y de calidad no es un derecho del cual goce la mayoría de la población peruana y pese a las diversas iniciativas del MINSA, vía el SIS,  y de Es-Salud por superar la barrera económica de acceso, cerca del 70% de la población no se encuentra afiliada en ninguna modalidad de seguro. Adicionalmente, se estima que no menos del 15% de la población está excluida de la atención de salud.
8. Que se viene sosteniendo que la población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) forma parte de la población asegurada,  lo cual no es técnicamente aceptable toda vez que este supuesto seguro es en realidad un programa de subsidio a la demanda vía reembolso, creado para favorecer el acceso a la atención de los sectores de menores recursos, propósito que no se cumple cabalmente por su insuficiente financiamiento, ya que durante el 2008 y 2009 la afiliación a este programa se incrementó en 22%, mientras que su presupuesto aumentó sólo en 4%, de allí que su gasto per cápita venga “…disminuyendo desde un máximo de S/65 (año 2004) a S/39 en el 2009, lo que podría afectar la atención de los servicios de salud…”  brindada por este programa y que tiene como una de sus manifestaciones las crecientes deudas con los establecimientos de salud.
9. Que en este contexto, a propuesta del Ejecutivo, el Congreso de la República ha aprobado la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) mediante la cual se establecen tres regímenes de aseguramiento: contributivo, semi-contributivo  y subsidiado. Posteriormente se aprobó el correspondiente Reglamento y el plan básico de beneficios denominado Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), iniciándose su implementación, primero en zonas de menor desarrollo principalmente de la sierra sur del país y recientemente en las poblaciones de Lima y Callao. Cabe señalarse que  el Colegio Médico no fue convocado a participar en la formulación de  la mencionada ley ni sus instrumentos normativos.
10. Que el  VIII  Congreso Médico Nacional, llevado a cabo en Mayo del 2009, analizó la Ley Marco de Aseguramiento Universal en salud y acordó solicitar su derogatoria ,   al considerar que este tipo de aseguramiento consolida y profundiza la segmentación de nuestro sistema de salud, con su consecuente mayor inequidad, insolidaridad, ineficacia e ineficiencia.
11. Que el análisis de Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento permite establecer lo siguiente:
    1. El modelo de aseguramiento recogido en la ley consolida una situación inequitativa al establecer  como objetivo que cada segmento social acceda al tipo de seguro que sus ingresos lo permitan, con prestadores de salud y condiciones de atención claramente diferenciados. Por ello se puede afirmar que el AUS profundiza y perenniza la segmentación de nuestro sistema de salud. Adicionalmente,  “las instituciones encargadas de administrar fondos destinados al financiamiento de las prestaciones y  ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus afiliados”, pueden operar como entidades lucrativas, y de hecho eso primará. Esta decisión se da a contracorriente de lo que sucede en gran parte de la experiencia internacional donde esta actividad de intermediación  tiene carácter no lucrativo.
    2. El AUS, en su régimen subsidiado y semi-subsidiado, opera con un financiamiento cuya sostenibilidad no está garantizada por mecanismos de estables y legalmente estipulados. Al no contar con un real fondo previsional está librado a la voluntad política de los gobiernos de turno y las contingencias de la caja fiscal. En tales circunstancias llama la atención de la abrupta ampliación del AUS a Lima y Callao,
    3. Se desnaturaliza el  contenido de los principios que sustentan la seguridad social, así por ejemplo define integralidad como “otorgamiento de todas las prestaciones  necesarias para solucionar determinados problemas de salud”  lo que resulta claramente reduccionista, pretendiendo justificar  que el AUS prácticamente se desentienda del aseguramiento de los daños de mayor complejidad a dejarlos librados a financiamiento de un fondo prácticamente inexistente, el FISSAL.  Igualmente, declara hacer suyos los principios de solidaridad y participación eso no se cumple. De un lado,  no establece los mecanismos de redistribución solidaria entre los segmentos sociales asegurados, comportándose cada cual como estanco cerrado, pero tampoco se explicitan mecanismos permanentes de participación de actores en los órganos de decisión del AUS.
    4. El proceso tiene como aspecto medular la formulación Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), el que resulta notoriamente insuficiente en relación a las necesidades de salud de la población. Este PEAS de un lado incorpora algunas condiciones asegurables anteriormente no contempladas en el  Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS) del SIS, como son las condiciones neuropsiquiatrías, aunque de otro, deja de lado la atención de condiciones que ya el SIS venía brindando pese a que no estuviesen formalmente consideradas y que se les  conocía como las “condiciones no LPIS”. Esto atenta contra el principio de irreversibilidad señalado en la Ley.
    5. El Reglamento de la Ley  desarrolla un esquema organizativo y una distribución de funciones donde se subordina la red pública de prestaciones de salud a supuestas redes integradas por establecimientos públicos y privados y organizadas por a las denominadas Instituciones Administradoras de Financiamiento en Salud (IAFAS), motivando el interés del complejo médico industrial de carácter transnacional.
    6. Resulta preocupante también el que Es-Salud anuncie y difunda  nuevos planes de adscripción a Es Salud basados en el PEAS abandonado los principios de la seguridad social asumiendo los de un seguro privado con montos y fórmulas  de solidez técnica dudosa.
12. Que, en términos generales, se corre el riesgo de reducir la reforma de la salud  a un asunto de normas, procesos, planes, mecanismos, procedimientos, etc. sin abordar a integralmente las diversas dimensiones del modelo de atención que debiese estar centrado en las necesidades y expectativas de los pacientes y usuarios, así como del personal profesional y técnico que con su esfuerzo cotidiano hace realidad la atención de salud en el país. Si bien se requiere de un análisis de mayor profundidad sobre la situación de los recursos humanos en salud debido a su complejidad y múltiple determinación, no se puede soslayar los acuciantes problemas existentes en el desarrollo de los recursos humanos en todas las fases: su formación profesional, su incorporación como fuerza de trabajo,  la regulación y gestión laboral.
13. Que es importante alertar sobre el riesgo de implementar el AUS de manera improvisada. Se  ha constatado cómo luego de aprobada la ley recién surgió la preocupación sobre la real capacidad resolutiva y calidad de la atención ofertada por las organizaciones de salud, principalmente de las organizaciones estatales

Acuerda:

• Ratificar su compromiso con la construcción de un efectivo y real sistema  de salud como parte  de un auténtico sistema de protección social, que deberá comprender la protección de la salud y la protección financiera con base en la familia. Esta seguridad social estará sustentada en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, integralidad y unidad.
• Encargar al  Comité Asesor Permanente de Salud Pública  la formulación de un proyecto de Ley que contenga una alternativa a la vigente Ley Marco del Aseguramiento Universal para lo cual deberá facilitársele el acceso al asesoramiento técnico y actuarial que sea necesario y dotarla de las facilidades de apoyo logístico que requiera su labor.
• Encargar al  Decano Nacional y a los Decanos Regionales coordinar la más amplia participación con las instituciones académicas y organizaciones  gremiales de la Orden Médica, con los Colegios Profesionales  y organizaciones sociales, en el propósito de formular conjuntamente una alternativa superior a la Ley vigente y mantener una vigilancia social sobre su implementación.
• Expresar públicamente su preocupación por la improvisación respecto del financiamiento en la implementación del AUS, responsabilizando al Ministerio  de Salud por las consecuencias  que la frustración de los  ciudadanos asegurados  que con legitima razón acudan a ser atendidos a establecimientos y no encuentren adecuada respuesta, pese a la plena disposición de los médicos y  demás profesionales y personal de salud.  Encargar al Consejo Ejecutivo la aprobación y publicación del comunicado respectivo y desarrollar una apropiada campaña de difusión a nivel nacional