¿Salud y sistema financiero?

Alexandro Saco

Se acaba de promulgar una norma que condiciona el acceso al crédito a tener un seguro de salud. Lo que a primera vista parecería algo positivo, encierra contradicciones y fomenta el mal uso de los escasos recursos para la salud.

El MINSA ha promulgado el Decreto Supremo 034/2010, norma que establece la exigencia de contar con un seguro de salud para acceder a un crédito en el sistema financiero. La idea es condicionar el acceso al crédito para que más personas se afilien a un seguro; pero mezclar salud y finanzas no es lo idóneo para consolidar un derecho. El MINSA equivoca el camino al proponer una condición que va en contra de la libertad individual. Pero el asunto no se restringe a ello, sino que permite observar las limitaciones del AUS y las consecuencias que de darse su aplicación se presentarán.

El seguro no asegura

Según el Observatorio de la Salud del CIES, al 2009 el 61.2% de peruanos contaban con algún tipo de seguro de salud: 19.5% en EsSalud, 36.4% en el SIS, 3.5% seguros privados y 1.7% en seguros de las fuerzas armadas y policiales. Es decir, casi el 40% de peruanos no contamos con un seguro de salud. Antes de proseguir, es necesario dejar en claro que en el Perú tener un seguro no garantiza acceder a atenciones de salud. El caso de EsSalud, que en la teoría es el único que brindaría atenciones integrales, es indicativo, ya que según las Cuentas Nacionales de Salud (Documento oficial del MINSA) sólo el 36% de sus afiliados logra una atención cuando lo requiere; a ello hay que agregar que las últimas gestiones de EsSalud han ido recortando las atenciones o insumos para enfermedades de alto costo.

En el SIS, al cual estarían afiliados el 36.4% de peruanos, los usuarios tienen acceso a un listado o paquete básico que sólo incluye una capa de atenciones; ello no ha variado con el AUS, por lo que estar afiliado al SIS definitivamente no garantiza atención a la enfermedad en forma integral. En relación a los seguros privados vía EPS u otras modalidades, las limitaciones que se imponen como los copagos o las exclusiones, hacen que a la hora de la verdad, el afiliado deba de todos modos sacar dinero de su bolsillo, cuando el seguro debería justamente cubrir esa contingencia. Y en las fuerzas armadas y policiales, a pesar de contar con más dinero por afiliado, la corrupción y la ineficacia hacen que no se brinde una protección adecuada.

Privatizando - SUNASA

La norma del MINSA busca que casi el 40% de peruanos que no cuentan con un seguro contraten alguno, ello supone que tendrían alguna capacidad de pago. Ese 40% en su enorme mayoría no buscará una afiliación al SIS por la precariedad que albergan los hospitales públicos. Entonces, los mayores beneficiados con esta obligatoriedad serán las aseguradoras privadas; no es casual ver la gran campaña publicitaria que han lanzado las compañías de seguros o EsSalud en los últimos meses, ofreciendo seguros diversos, atractivos a primera vista, pero jamás integrales. Mucha gente podría afiliarse a un seguro privado, pero por las características de los planes y por la incapacidad del Estado para regular esta oferta, no se lograrán atenciones a las necesidades en salud más delicadas, que son las que empobrecen a las familias.

El MINSA con esta norma empuja la privatización del acceso a salud, llevando a la población a comprar salud en un mercado de seguros desregulado en el que el afiliado no cuenta con protección. En ese contexto, es urgente exigir a la SUNASA (Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud), cuyo directorio acaba de juramentar, que sea capaz de poner mano firme frente a todas las situaciones y abusos que en el acceso a salud se dan en nuestro país sea en EsSalud, MINSA o los privados.

Lamentablemente esta SUNASA nace coja, ya que su directorio no incorpora a representantes de la sociedad ni de los usuarios de los servicios, sino sólo al MEF, MINTRA, MINDES y MINSA. Si el sistema de salud se debe a los ciudadanos, es absurdo que sean sólo las entidades del Estado las que allí estén representadas. Por otro lado, la SUNASA debió concebirse no sólo como vigilante del aseguramiento que es un mecanismo de acceso, sino de la salud en general.

OMS marca línea

El informe anual 2010 de la OMS: La financiación de los sistemas de salud: El camino hacia la cobertura universal, plantea tres aspectos clave que los estados deben priorizar: ¿Cómo se tiene que financiar el sistema sanitario?, ¿cómo se puede proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y del pago de los servicios sanitarios?, ¿cómo fomentar el uso óptimo de los recursos disponibles?

Como se observa, se trata de una perspectiva que va mucho más allá de empujar a la población a que contrate un seguro que no le garantiza una atención integral. El asunto pasa por que el país determine de dónde saldrán los recursos necesarios, cómo evitar que la enfermedad nos empobrezca y como utilizar bien (no como EsSalud) los recursos disponibles. La tendencia global hacia la universalización de la cobertura en salud, no pasa por acciones aisladas y forzadas como la que en este texto analizamos, sino por ir al fondo del asunto y empujar para que la salud sea eje del desarrollo del país.

100 millones de nuevos pobres: A nivel global, la gente que accede a los servicios, a menudo incurre en gastos catastróficos al pagar por la asistencia prestada. En algunos países, hasta el 11% de la población sufre este tipo de dificultad financiera grave cada año y hasta el 5% se ve arrastrada a la pobreza. A nivel mundial, alrededor de 150 millones de personas sufren catástrofes financieras anualmente y 100 millones se ven obligadas a vivir por debajo del umbral de pobreza. (OMS Informe 2010)

Sí se puede: Países de ingresos bajos y medios han demostrado que acercarse a la cobertura universal no es un derecho exclusivo de los países de ingresos elevados. Brasil, Chile, China, México, Rwanda y Tailandia han dado grandes pasos. Gabón ha introducido formas innovadoras de recaudación para la salud, incluyendo una tasa a los teléfonos móviles; Camboya ha presentado un fondo de igualdad sanitaria; y el Líbano ha mejorado la eficiencia y la calidad de su red de asistencia primaria. (OMS Informe 2010)