Sobre el aborto

Fernando Vivas

Respeto, aunque no lo comparto, el fundamentalismo que pide que el aborto a secas siga penalizado, pero deploro que alguna gente -probablemente desinformada- se oponga al aborto terapéutico, o sea, cuando la vida y la salud de la madre están en serio peligro.

En tales situaciones extremas no debiera haber discusión: hay una persona, real y concreta, con voz y voluntad, que demanda protección. Hacerlo es defender la vida y no me vengan con que la del no nacido es igual o más importante. A ver, que te digan que tu hija, hermana o pareja puede morir o quedar discapacitada si no aborta, ¿lo pensarías?

Por supuesto, la madre debe autorizar ese aborto si está en condiciones de hacerlo y los médicos deberán respetarla en caso de renuencia suicida. Romántico dilema y melodramática ironía: el dogma ‘pro vida’ casi podría abrazarse con la eutanasia.

La legislación peruana (Art. 119 del Código Penal) limita las causales de aborto terapéutico a la integridad de la madre, pues el aborto eugenésico (cuando el feto tiene malformaciones) y el sentimental (En casos de violación) están proscritos, aunque se sancionan con menor severidad.

¿A qué viene, entonces, un poderosos lobby confesional que se opone a que exista un protocolo con reglas y pasos a seguir por los médicos cuando enfrentan un caso de aborto terapéutico?

Desde 1998, cuando la nueva legislación de salud estableció la necesidad de contar con un protocolo (antes, la ley era menos rígida), ha habido muchas ocasiones en que los médicos se paralizan por miedo a que los involucren en una figura penal, y todo porque un lobby confesional ha hecho lo imposible por postergar la resolución ministerial del Minsa que aprobaría el conjunto de reglas clínicas.

Es comprensible que los activistas ‘pro vida’ teman que el protocolo, mediante subterfugios, autorice otro tipo de abortos. Vigilen que ello no suceda, pero no pueden dejar desprotegidas a mujeres en estas situaciones dramáticas. Un lobby en pro de una nueva ley es legítimo, un lobby para evitar el cumplimiento de una legislación existente es necedad.

El gobierno de Humala no puede ceder, como lo hizo el de García (consiguiendo que el Ministerio de Justicia a cargo de la ministra Rosario Fernández vetara las iniciativas del Minsa), a la terquedad conservadora en un tema donde hay un vacío que llenar con una simple resolución ministerial.