“La gestión privada ha sido una sangría para la sanidad valenciana”

Carmen Montón llega a una consejería en manos del PP dos décadas con la intención de "retornar la sanidad a lo público"

Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. / Mónica Torres

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La Comunidad Valenciana ha sido durante años el laboratorio de la privatización sanitaria del Partido Popular. Allí nació, en 1999, el conocido modelo Alzira, una fórmula que consiste en ceder la gestión integral de un hospital público, o de un departamento de salud entero, a una empresa privada. Allí creció poco a poco la entrega progresiva de la gestión a terceros, que se reprodujo en Madrid con Esperanza Aguirre. Un modelo que ahora, con la llegada de la izquierda a la Comunidad Valenciana, puede tener los días contados. Con ese objetivo llega al cargo de consejera de Sanidad Carmen Montón (Burjassot, 1976). “Vamos a retornar la sanidad a lo público”, repite varias veces durante la entrevista.
Su primera medida al frente del departamento que maneja un tercio del presupuesto valenciano ha sido devolver la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular. Desafía así un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2012 rompió la universalidad de la asistencia. “Esta es la consejería de sanidad universal y salud pública, que es más que un nombre: es una declaración de intenciones. El decreto de Rajoy dejó en la exclusión social al colectivo de inmigrantes sin regularizar, y eso a nosotros nos parece una indecencia”, afirma Montón. Desde ayer, unas 30.000 personas que la habían perdido pueden empezar a tramitar su tarjeta sanitaria. “Tendrán los mismos derechos, sin distinción”. ¿Sin requisitos? “Que lleven empadronados tres meses”.
Tras 20 años de gobierno del PP, la gestión de la sanidad del 20% de la población valenciana está actualmente en manos privadas, concesiones que están en el punto de mira del equipo de Montón. “No se las controlaba en absoluto y se han dado casos de puerta giratoria de libro”, dice en referencia a un comisionado, el encargado por el Gobierno de supervisar las concesiones, que pasó a estar en nómina de la empresa a la que vigilaba. “La gestión privada ha sido una sangría económica para la sanidad valenciana”, añade. Aún no hay cifras --"llevo dos semanas en el cargo", se excusa--, pero Montón cita el escándalo de la privatización de las resonancias magnéticas que destapó el tribunal de cuentas autonómico en 2013. “Ese informe asegura que la gestión privada de las resonancias supone un sobrecoste de 17 millones cada año. Es insostenible y no lo vamos a tolerar”, subraya.
Su equipo está empezando a abrir cajones: “Hemos encontrado facturas de hasta 2.000 euros por atender a niños”, señala. “A personas exentas de pago se les ha estado facturando. Tenemos que encontrar una solución legal, porque no compartimos la idea del PP de que la salud es un negocio”. “Haremos una auditoría de cómo están las concesiones, del nivel de cumplimiento de los contratos”, anuncia. “Y hemos creado una dirección general de alta inspección que las va a controlar”, precisa. “La presunción de que lo privado es más eficiente es, al menos cuestionable”, dice la consejera. A la pregunta de si se podrían revertir las concesiones antes de que acabe el contrato, responde: “Lo primero es exigirles mayor control, después veremos. Si no cumplen, quizá haya una manera de que ellos mismos renuncien”.

Frente común

Unos días después de que Valencia anunciara que devuelve la asistencia a los inmigrantes, Baleares acaba de dar el mismo paso. Los consejeros socialistas han pasado de ser minoría absoluta en el consejo interterritorial —donde comunidades y ministerio acuerdan las decisiones clave para la sanidad— a ser ocho. Y lo van a aprovechar, asegura Montón. “Vamos a hacer frente común para exigir a Alfonso Alonso [ministro de Sanidad] que derogue el decreto de exclusión sanitaria y volvamos a la situación anterior a 2012. Nunca debió ponerse en funcionamiento”.
Con las fuerzas en Sanidad más igualadas, Montón anuncia otro reto al Gobierno: “Nuestro compromiso era devolver derechos arrebatados, y eso incluye eliminar el copago farmacéutico, especialmente injusto, a los pensionistas con rentas inferiores a 1.000 euros”. Y todo ello, ¿cómo se va a pagar? Montón critica la “financiación injusta e insuficiente”, y asegura: “Podemos priorizar, frenar la pérdida de dinero y hacer una gestión más eficiente”.