La casa es pobre pero ofrece algo de comodidad y seguridad. El
problema es que es pequeña y la mayoría de peruanos sigue viviendo a la
intemperie, sin el techo de un seguro de salud, sin pensión para
sobrevivir de viejo, sin seguro para cuando pierde su trabajo, y sin
recursos para mejorar su productividad. Hoy, las autoridades proponen
agrandarla. Así, al menos, entiendo los respectivos programas de
gobierno y la promesa presidencial de una revolución social y una
reducción drástica de la informalidad.
Ciertamente, hemos avanzado en algo. Hace medio siglo apenas uno de
diez adultos mayores contaba con pensión. Hoy la mitad tiene ese
socorro. En ese período el seguro de salud ha dado un salto aún mayor,
de apenas 13% de la población a dos tercios. Pero en ambos casos hay una
dosis de exageración; el aumento en números se ha logrado en parte con
una reducción en los beneficios. En realidad, la mayor parte de la
población sigue viviendo afuera.
El obstáculo principal para acoger a una mayor proporción de la
población radica en el precio de entrada. El requisito para acceder a
los beneficios de una vida más asegurada, y con menores riesgos, es
estar en planilla, o sea, ser formal. Esta vinculación obligada entre
las formas del mercado de trabajo y el acceso a diversos seguros tiene
su origen en la viveza política del canciller del Imperio Alemán, Otto
von Bismarck. En 1889, Bismarck inventó una forma de repartir
beneficios a la clase trabajadora sin costo para el Estado a través de
una contribución que se deducía en la planilla. Además, una parte de la
contribución sería pagada por la empresa, creando la ilusión para el
trabajador de que solo estaba pagando una parte del costo de esos
beneficios. El inteligente mecanismo de Bismarck, que parecía más
bondadoso de lo que realmente era, fue replicado después en gran parte
del mundo, incluyendo el Perú.
Hoy estamos descubriendo el costo de ese mecanismo. El avance del
aseguramiento para algunos se ha logrado a expensas de reforzar la
informalidad laboral y empresarial, haciendo más difícil incorporar al
resto de la población. Si bien las deducciones en planilla tienen una
contraparte en el acceso a los seguros, una gran parte de la población
opta por no pagar el precio del beneficio del aseguramiento. Desde
ahora, agrandar la casa pasará necesariamente por un cambio en la
fórmula de la transacción, sea reduciendo los beneficios que recibiría
el nuevo asegurado, sea trasladando una parte del costo al presupuesto
del Estado. El avance de la protección social ahora estará ligado a una
reducción en los costos de la formalidad laboral.
Es hora para que el Estado adopte la práctica empresarial del estudio
de mercado. Para el Estado se acaba la era del cliente atrapado, y en
ese cambio radica la esencia de la dificultad para reducir la
informalidad. Como proveedor de beneficios, el Estado debería abocarse a
tener una mejor idea de las preferencias de sus clientes, y de su
disposición para “comprar” las varias ofertas del Estado. El futuro de
la formalización, así como el logro de una sociedad plenamente
inclusiva, dependerán en gran parte de la aplicación de esa lógica
empresarial
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