La crisis provocada por los Moreno Audios ha permitido visibilizar sin atenuante todo lo que se conocía desde hace mucho: mafias e intereses ajenos a la ciudadanía enquistados en los hospitales nacionales de Lima y de todas las regiones, que parasitan y se enriquecen con los escasos recursos provenientes del Sistema Integrado de Salud (SIS) y de los bolsillos de los que buscan atención. Ahora queda claro por qué muchos equipos nuevos no se instalan, otros se malogran rápido, y cuando esto sucede no se arreglan, o por qué se generan muchos análisis y procedimientos innecesarios para los pacientes.
Las expresiones de Carlos Moreno sintetizan el pensamiento de un grupo de médicos y profesionales de la salud a los que no les interesa la curación, sino los ingresos que se pueden generar en torno a ésta, o lo que es alucinante, perjudicando la propia salud. Cuando Moreno se refiere a médicos que “mueven quimioterapias”, lo que está diciendo es que se hacen quimioterapias innecesarias para cobrar, en connivencia con servicios privados que las brindan.
La plata del SIS
El SIS, de los 1,700 millones de soles de presupuesto para el 2016, este año pagará más de 100 millones a empresas privadas que brindan diversos servicios, monto que se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años; 300 millones se destinarán a contratos CAS y pagos por recibos de honorarios en todas las regiones del país que carecen de suficiente personal nombrado, unos 500 a la compra de medicamentos, unos 150 millones a enfermedades de alto costo y el resto, unos 600 millones, se transfiere a los hospitales nacionales y unidades ejecutoras regionales.Este último punto genera otro problema que es necesario enfocar. Los hospitales con parte de ese dinero, contratan por unos 150 millones de soles servicios de empresas privadas, que funcionan en el interior de los hospitales utilizando el espacio público de forma irregular, o que se instalan en los alrededores. Estas empresas tienen contratos amarrados con la administración de los hospitales, por lo que es necesario que se hagan públicos estos contratos y/o pagos, así como quiénes son los propietarios de estos negocios.
ESSALUD veinte veces más
Pero si el SIS destina 100 millones de soles a la compra de servicios privados, Essalud paga más de 2,200 millones de soles cada año; 500 de estos se van en al pago a las Asociaciones Público Privadas (APP) de Villa María y El Callao, a las que se les paga ese monto independientemente del número de atenciones que brinden y tienen una rentabilidad que superaría el 35%, cuando en España por ejemplo está regulada hasta un tope de 8%. El resto de dinero se destina a la contratación de clínicas privadas sobre todo en Lima y laboratorios a los que se derivan análisis y procedimientos.Esta crisis debe hacer ver al país que es necesario trasparentar los dineros públicos que se destinan a la salud, que hay que recuperar la autoridad de los hospitales así como priorizar una gestión a favor de los usuarios. De hecho el financiamiento público de la salud es muy limitado (2.2% del PBI del Minsa, 1.8 del PBI de Essalud), lo que hace que el per cápita anual en salud no supere los 300 dólares. Causa gracia por eso cuando se habla de ingresar al OCDE, cuyos países tienen un promedio de gasto público en salud de más de 2,500 de dólares anuales por persona.
Defender y fortalecer el SIS
Que se hayan usado ligeramente los recursos del SIS no debe llevar a debilitarlo ni cuestionar su rol. La comisión Interventora del SIS, en la que el MEF va a tener un peso relevante, no debe regresar a la lógica de atención sólo para pobres porque el SIS ya venció esa barrera; al contrario, debemos convertir al SIS en un Seguro Público de Salud financiado vía impuestos y vía aportes de los independientes o profesionales que se recauden mediante la Sunat, y atrayendo a los informales. Ello debido a que de los 17 millones de afiliados hay al menos un tercio que puede pagar unos 30 soles mensuales, es decir 360 al año, lo que podría inyectar alrededor de 2,000 millones de soles anuales.El economista Edmundo Beteta, nuevo jefe del SIS, y la ministra de Salud, Patricia García, que preside la comisión de reorganización, tienen la responsabilidad histórica de hacer que el SIS supere este momento avanzando hacia el objetivo de universalizar la salud, y no restringiendo su avance al orientarlo sólo a los pobres, porque un seguro para pobres siempre será un pobre seguro. La comisión, como lo autoriza el decreto supremo que la crea, debe convocar a la sociedad civil para construir una propuesta viable.
El acceso a las atenciones que brinda el SIS debe dejar de ser un padecimiento para los que buscan recuperar su salud. Hay que aminorar al mínimo la tramitología y burocratización, destrabar no sólo las inversiones, sino la relación con el sistema de salud. La canallada de Moreno y de muchos como él que pululan en nuestros servicios de salud, debe ser el punto de quiebre para que los 8,500 establecimientos públicos de salud y los 250 mil trabajadores de la salud, se pongan al servicio del ciudadano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario